Es primordial que el Estado mexicano en su conjunto garantice no sólo a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto, una investigación transparente y objetiva en el caso Tlatlaya, sostuvo el consejero presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín.

Que la autoridad ‘‘tenga como prioridad tanto el responder adecuadamente a las legitimas demandas de quienes sufrieron un daño a causa del delito o de una violación de sus derechos humanos, como el no encubrir a las autoridades castrenses y civiles que pudieran estar involucradas’’.

El funcionario acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con tres integrantes del grupo especial encargado de coadyuvar en las investigaciones del caso Tlatlaya. Sólo llegaron al encuentro Elena Tapia (PRD), Loretta Ortiz (Morena) y Ricardo Pacheco (PRI). No asistieron René Fujiwara (Panal), quien nunca se ha presentado a las reuniones de trabajo de ese grupo, ni Zuleyma Huidobro (MC), quien se encuentra en la misma condición. Tampoco llegaron a reunirse con al comisionado Rochín, Ernesto Núñez (PVEM) y Miriam Cárdenas (PRI).

No obstante, Jaime Rochín refirió que la comisión ejecutiva que encabeza tiene un compromiso irrestricto con la observación, promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Así, reveló que ese organismo sí identificó violaciones a derechos humanos en el caso Tlatlaya y lo desglosó así: violación al derecho a la vida en 15 personas; violación al derecho a la verdad y a la debida procuración de justicia en torno a 25 víctimas; afectación al derecho a la integridad, seguridad personal y a la libertad sexual, al derecho a la verdad, acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, y derecho a la impartición de justicia y acceso a los derechos que corresponden a víctimas y ofendido del delito.

El comisionado expuso que ese organismo ya se encuentra listo para dar respuesta a las demandas de las víctimas de delitos. En ese contexto se le preguntó el número de víctimas que se han acercado a la CEAV:

‘‘Ninguna, para el tema de la reparación no tenemos ahorita ninguna solicitud. Lo que necesitamos es que esas víctimas hagan su solicitud y nos pidan la reparación integral. Esperamos que las víctimas acepten solicitarla, porque la ley nos mandata que nosotros no podemos determinarla sin solicitud de ellas’’.

En su intervención, la diputada Loretta Ortiz refirió que a la fecha no se conoce la identidad de tres de las personas fallecidas en el enfrentamiento ocurrido a mediados del año pasado, y hoy sus osamentas se encuentran en fosa común.

Tanto la diputada Ortiz como la legisladora por el PRD Elena Tapia denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada en ese momento por Jesús Murillo Karam, incurrió en delito al omitir su intervención directa en el caso Tlatlaya, pues la Procuraduría General de Justicia del estado de México entregó la averiguación previa al Ministerio Público Federal el 3 de julio del año pasado y éste (PGR) inició la investigación el 20 de septiembre.

La diputada Tapia también acusó que desde el mes de noviembre del año 2014, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la autoridad del estado de México se han reservado información relacionada con el caso, ‘‘y esta situación es muy grave; nos ha impedido el completo esclarecimiento del caso y que la sociedad siga preguntando cuál fue la cadena de mando, quién dio la orden, cuál era el operativo y qué se pretendía’’.