El Senado aprobó ayer por mayoría la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la que se establece un régimen penal especial para la industria energética que incluye configurar los delitos de sabotaje y terrorismo contra las instalaciones y empresas petroleras nacionales y extranjeras.

La nueva ley, aprobada con 80 votos a favor y siete en contra –estos últimos de la bancada del PT–, endurece además las sanciones, que llegan hasta 35 años de cárcel por el robo de combustibles, y 10 años por vender litros incompletos de gasolina, ya que a ambos ilícitos se les tipifica como delitos graves.

La parte medular de la ley, sin embargo, son los nuevos tipos penales, el sabotaje y el terrorismo en materia de hidrocarburos, que se penalizan con 40 y 60 años de cárcel, respectivamente.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que con el señuelo de castigar la ordeña de ductos y el robo de combustibles, en realidad se introduce un novedoso marco penal con medidas draconianas para proteger a las empresas extranjeras que vendrán a explotar el petróleo”.

Agregó que se trata de ‘‘una pieza más de la reforma energética que privatizó el petróleo y la electricidad, y que se va a revertir contra los mexicanos’’. Propuso posponer la discusión, ya que, insistió, en derecho penal no se inventan los tipos ni las penas, sino deben responder a un análisis riguroso y éste no aparece en el dictamen. Su propuesta fue rechazada.

La ley define al terrorismo en materia de hidrocarburos como el hecho de realizar intencionalmente, por cualquier medio violento, actos en contra de bienes, servicios, integridad física, emocional, seguridad o la vida de asignatarios, contratistas o permisionarios.

Se considerará asimismo terrorismo en hidrocarburos el producir alarma o terror en la población o en grupo o sector de ella, con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional o contra las actividades de carácter estratégico relacionadas con los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Por lo que se refiere a sabotaje, la ley lo define como el daño, destrucción, perjuicio o entorpecer ilícitamente la estructura de asignatarios, contratistas y permisionarios, con el fin de trastornar la operación y su vida económica.

El PRD votó a favor, ya que, según expuso en tribuna Dolores Padierna, se eliminaron los aspectos más preocupantes, entre ellos no criminalizar la protesta o vulnerar el derecho de reunión y de expresión, al definir con claridad que las manifestaciones en instalaciones petroleras no serán consideradas sabotaje.

Se corrigió asimismo –dijo– el hecho de que fuera una ley destinada únicamente a brindar certeza jurídica a las empresas privadas, ya que se estableció que también serán sancionadas, en caso de violar la legislación, incluso con la cancelación de la concesión con que operan.

El priísta Omar Fayad, autor de la iniciativa, se refirió a las penas por la ordeña de ductos y el robo de combustible, ya que, dijo, ‘‘se han convertido en un nicho del crimen organizado’’. Dijo que el año pasado se detectaron mil 963 tomas clandestinas y se habla de que la sustracción de hidrocarburos alcanzó los 2 mil millones de dólares, cifra que representa la mitad de recursos del programa Prospera.