l asesinato de la precandidata perredista a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, constituye un negro presagio sobre las elecciones, abona al propósito del movimiento de Ayotzinapa de impedir los comicios y coloca a los candidatos en el filo de la navaja, pues en adelante no sólo tendrán que ocuparse de evitar encontrarse con grupos de inconformes, sino de reforzar su seguridad personal en previsión de un atentado.

La decapitación de Nava González y el mensaje que junto a su cuerpo fue encontrado –esto les pasará a los que no se alinien (sic)– tocó las fibras más recónditas de los aspirantes a la gubernatura, justo en medio de la feroz lucha que protagonizan los grupos criminales Los ardillos y Los rojos.

Es lógico que si alguno de los aspirantes hubiera pactado con la delincuencia organizada su llegada al poder no tendría razón para preocuparse porque no correría peligro; más bien él sería el peligro para la sociedad guerrerense. En cambio, quienes están al margen de este tipo de componendas y son acosados para que acepten apoyo podrían ponerse a temblar.

Si bien partidos políticos y candidatos tienen que extremar medidas de seguridad, corresponde al gobierno garantizar su integridad física, lo mismo que a la sociedad guerrerense en su conjunto. Sin embargo, la autoridad se encuentra muy ocupada intentando impedir los desórdenes de los grupos inconformes, que no dan tregua en sus demandas de justicia.

A nadie conviene se suspenda el proceso electoral, pero como van las cosas, todo indica que así será.

Sería sano, pues, crear condiciones adecuadas para que el electorado acuda a las urnas el 7 de junio con tranquilidad, con la esperanza de que Guerrero despegue ya hacia mejores condiciones de vida y deje atrás la zozobra de años recientes, que se ha sumado a su atraso ancestral.