a misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan, Colima, integrada por representantes de redes, académicos, defensores de derechos humanos y periodistas procedentes de Canadá, Estados Unidos y México, llevó a cabo su visita al estado de Colima durante los días del 1º al 4 de marzo, con el propósito fundamental de documentar y observar en el terreno la grave afectación de la vida comunitaria de la población indígena nahua de Zacualpan, a pesar de existir resoluciones judiciales y administrativas que se supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad y la paz social. Lamentablemente, la misión concluyó, en un extenso, detallado y fundado informe preliminar, que el gobierno del estado de Colima favorece la impunidad, la falta de procuración de justicia y la violación a los derechos humanos y de los pueblos.

Un dato indicativo de la preocupante situación que priva en el estado es que la misión no pudo siquiera acceder al pueblo de Zacualpan en las dos ocasiones que intentó ejercer su derecho de tránsito, debido a la acción concertada y sigilosa entre los gobiernos de los tres niveles y un pequeño grupo de extracción priísta que bloqueó el camino de entrada en forma violenta, frente a las propias autoridades omisas y cómplices. Dichas autoridades, faltando a su palabra empeñada, no garantizaron en los hechos el ingreso de la misión a la población y pretendieron que los propios observadores hicieran su trabajo político de convencimiento con el pequeño grupo de personas que, con palos, tubos y agresiones de hecho y verbales, impidió el paso. Incluso las autoridades del estado intentaron que fueran los observadores nacionales e internacionales los que cargaran con la responsabilidad política y moral de un desalojo violento del bloqueo, desplegando para ello una fuerza de tarea compuesta de centenares de granaderos, policías de civil y hasta una tanqueta, por lo que se optó por la retirada de la misión, para no caer así en la trampa tendida desde la oficina del gobernador, quien, por cierto, no recibió a los observadores y en su única declaración pública sobre su presencia, se hizo parte de la campaña de satanización contra el equipo profesional Bios-Iguana, que generosamente, y a riesgo de sus vidas, sacrificando trabajos y entornos familiares, ha venido acompañando desde hace dos años el proceso de resistencia de Zacualpan contra el proyecto minero, y en favor de la recuperación de un centro turístico comunitario, ocupado ilegalmente por el grupo caciquil priísta y administrado en la total opacidad durante décadas. Desde noviembre de 2013, las reiteradas agresiones a la organización civil Bios-Iguana han incluido amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, difamaciones, intimidaciones y boicots a su trabajo, al grado de impedir hasta la proyección pública de materiales de divulgación y reflexión en torno a la amenaza de la megaminería tóxica y la defensa del territorio. En ese sentido, fue muy significativo que el mismo discurso violento, xenófobo, localista y criminalizador que profería el grupo de bloqueadores desde el primer día de los trabajos de la misión fuera repetido en diversas formas y matices por las autoridades estatales, llegándose al grado de que el peculiar presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, Roberto Chapula de la Mora, explotara, lleno de ira, visiblemente alterado, frente a integrantes de la misión que le reclamaban su impuntualidad, con el grito de: ¡Colima es para los colimenses!, ¡ustedes, ya váyanse de Colima!, lo que por cierto dejó en incómoda situación al representante de la CDI, proveniente de Jalisco.

En Colima se presenta la confluencia de dos condiciones nada envidiables: una, la de seguir soportando el dominio del PRI luego de más de 80 años de expoliar los dineros públicos, pues jamás dicho dispositivo de poder ha soltado el control político de la entidad y de sus instituciones gubernamentales. Y la segunda, la de ser el estado de la República que presenta el mayor porcentaje de su territorio concesionado por la Secretaría de Economía a las iniciativas de explotación minera: 44 por ciento de su extensión. En la pequeña población colimense de Zacualpan, a su vez, se presenta otra confluencia, pero no ominosa como la previa: el encuentro de una creciente conciencia de la población originaria nahua en torno a la defensa de su territorio, con el apoyo continuado de la referida organización Bios-Iguana, ampliamente reconocida y comprometida con la educación y promoción ambiental, y con el acompañamiento de procesos de organización local dirigidos a concretar esa defensa. Y es que, cada vez más, la tarea de proteger la integridad de los territorios demanda necesariamente el involucramiento de los movimientos sociales. Lejos se encuentra la defensa del territorio, los discursos ecológicos y ambientalistas de asociaciones políticas oportunistas que operan en este país ajenas al bien común. En ese sentido, el discurso de las autoridades estatales en Colima se encuentra plagado de alusiones al estado de derecho, a la democracia, al desarrollo sustentable, al respecto a las comunidades en un torneo de términos, cuya política en los hechos, contradictoriamente, se dirige precisamente a vulnerar la integridad de las poblaciones y territorios. La población de Zacualpan, exasperada ya, reclama el control de sus recursos, y ese reclamo se encuentra en la base de su proceso de participación. Sin embargo, ¿por qué atemoriza tanto a los funcionarios la verdadera participación social? No es difícil saber la respuesta: la verdadera participación tiene a menudo un carácter subversivo. Pero lo es, no en términos de trastornar un estado armónico o un ordenamiento social pacífico, sino porque trastorna un orden de violencia estructural de muchas caras, una de ellas, en este caso, inherente al modelo extractivista depredador, que cuenta con la servidumbre de los funcionarios y de su insoportable verborrea.

* Integrantes de la misión y profesores-investigadores del INAH-Morelos