n diferendo jurídico, susceptible de corrección y reparación si la causa fuera imputable a la parte periodística y si en la empresarial predominara un ánimo conciliatorio, colocó de nuevo a Carmen Aristegui (CA) en una programada ruta de ruptura de una relación bilateral que hasta ahora había resistido varios y enérgicos embates lanzados desde la cúpula del poder político (no sólo ahora; antes con Felipe Calderón, por menciones de humedad).

El punto de desencuentro fue calificado por MVS, la empresa dirigida por Joaquín Vargas, de abuso de confianza, pues, según los desplegados que ordenó publicar en varios medios impresos, y los mensajes transmitidos en sus estaciones de radiodifusión (incisivamente en el espacio de anuncios comerciales durante el propio noticiero conducido por Aristegui), ésta habría decidido el uso, sin consultar con la empresa, de la marca MVS, junto al apellido de la periodista, para inscribir tales distintivos como parte de un naciente proyecto de investigación a partir de denuncias ciudadanas, llamado Mexicoleaks (sin que hubiera réplica específica de CA a este punto, el autor de las presentes líneas considera que objetivamente le asiste en ello la razón a MVS, y que sólo los directivos de ese corporativo pueden decidir sobre el uso de sus siglas, aunque este mismo tecleador considera que la tipificación magnificada de la anomalía, al llevarla al nivel de abuso de confianza y exhibirla de manera rápida y furiosa, ya contenía la evidencia de ánimos de ruptura a toda costa).

Sin embargo, el desahogo de este desacuerdo jurídico (que pudo haberse resuelto en privado y sin escándalo, mediante la esencia que había unido a ambas partes, es decir, ni más ni menos que el ejercicio de la comunicación) está marcado de inicio por los éxitos periodísticos alcanzados por Aristegui (y las reacciones y obsesiones en contra), entre otros los relacionados con la Casa Blanca de Angélica Rivera y los conflictos de intereses entre políticos de primer nivel y contratistas como la constructora Higa, con derivaciones como la que llevó a cancelar la construcción de un tren rápido México-Querétaro con inversión china y capitales nacionales políticamente tóxicos. MVS ha crecido el conflicto, quemando naves y sembrando minas en tierra para hacer imposible un retorno prudentemente negociado a las posiciones anteriores. El problema no es Mexicoleaks, puntualizó la empresa, centrando cargos en la periodista.

Tan ruda y ascendente ha sido la reacción de MVS que hace suponer que sólo se esperaba algo parecido a un motivo para desplegar una ofensiva de desalojo contra CA y su equipo. Ayer mismo, mientras ella señalaba en su programa matutino que no quería participar de un pleito artificial y que su decisión era continuar haciendo su trabajo, dos miembros de su plantilla fueron despedidos laboralmente y guardias de seguridad los hicieron retirarse de las instalaciones de MVS. Daniel Lizárraga era jefe de la estratégica unidad de investigación de la primera edición informativa de la radiodifusora, e Irving Huerta era reportero. Entre otros temas relevantes en los que participaron, destaca el de la casa de Las Lomas que adquirió Angélica Rivera con financiamiento personalísimo de Higa, la empresa tan favorecida con contratos por su esposo. Según la información disponible a la hora de cerrar esta columna, las computadoras de esa unidad de trabajos especiales, con datos y referencias de anteriores investigaciones y otras en curso, habían sido tomadas por la administración empresarial.

El peculiar lance bélico contra el periodismo radiofónico de mayor audiencia e impacto en el país se produce a unos días de que fue desplazado el antiguo controlador de medios de Enrique Peña Nieto, el sinaloense David López (que había acompañado al mexiquense como coordinador de comunicación social en el gobierno estatal y luego en la campaña presidencial y en Los Pinos), a quien el grupo dirigido por Aurelio Nuño, jefe de la oficina del Poder Ejecutivo federal, empujó a una candidatura priísta a diputado federal de representación proporcional en primer lugar de su circunscripción, según eso con la muy aventurada expectativa de que lo hagan más adelante candidato a gobernador de su estado natal, en el que tiene décadas de no residir y donde la política local no parece albergar muchas promesas para imposiciones centrales.

En lugar de López quedó Eduardo Sánchez Hernández, un abogado con experiencia en asuntos empresariales de radio y televisión y con carrera política priísta (fue diputado federal). Además fue vicepresidente corporativo de asuntos jurídicos y de telecomunicaciones de MVS, de 2001 a 2006, y vocero y director jurídico en años posteriores. En corrillos palaciegos del peñismo la facción de Aurelio Nuño ha hecho correr la especie de que el cambio de López por Sánchez era necesario, pues el viejo comunicador no estaba cuidando al jefe mexiquense y no diseñaba adecuadas estrategias de defensa y ataque.

A reserva del desenlace netamente jurídico y laboral, la detonación del caso Aristegui-MVS se acomoda a la perfección a las pretensiones de la administración peñista de alinear a los medios de comunicación, a través del uso condicionante de la publicidad gubernamental, los beneficios económicos personales para los periodistas cómodos y la nula contención de las agresiones desde diversos flancos e incluso por motivos disímbolos contra los miembros de un gremio colocado en la mira.

Silenciar la voz en radio abierta de un equipo profesional y respetable es otra agresión a la sociedad, y un intento de amordazar las expresiones periodísticas que indagan y denuncian una parte del mar de corrupción, abusos y violencia en que se ha sumido al país. Pretender apagar (al menos en los formatos tradicionales, pues es obvio que las redes sociales son hoy una opción con gran resonancia) una de las luces informativas que en este México de oscuridad quedan, es un signo más de desesperación cupular, de ignorancia histórica y provocación social. ¡Hasta el próximo lunes, escuchando a Carmen donde ella esté!

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