os policías fueron baleados la madrugada de ayer en el contexto de las protestas que se desarrollan en Ferguson, Misuri, desde el pasado 9 de agosto, cuando el joven Michael Brown, de 18 años, fue asesinado a balazos por un agente del orden, y que exigen poner fin a la brutalidad y el racismo policiales. La víspera había sido anunciada la dimisión del jefe de la policía de esa localidad, Thomas Jackson, después de que una investigación del Departamento de Justicia halló una tónica de discriminación racial contra los negros en el sistema policial, judicial y penitenciario, resultado que contrasta con la determinación del Departamento de Justicia estadunidense, adoptada hace unos días, de no presentar cargos contra el asesino de Brown.
Con todo lo condenable que pueda resultar la agresión contra dos policías, el hecho comentado refleja el grado de encono que se vive en una localidad en la que dos afroestadunidenses fueron ultimados en menos de un año a manos de uniformados y donde ha prevalecido, pese a ello, una impunidad que explica el descontento generalizado.
Por desgracia, dicha impunidad no es exclusiva de Ferguson ni del estado de Misuri. Según un reporte publicado ayer por La Opinión, entre 2010 y 2014 la policía de Los Ángeles asesinó a 86 personas y protagonizó 309 tiroteos; a pesar de ello, los agentes policiales angelinos han sido absueltos en 99.5 por ciento de los casos reportados de abuso policial.
Si a ello se suma el historial de homicidios cometidos en el vecino país por uniformados contra civiles inermes –entre los que se cuentan, sólo en el último mes, los de los mexicanos Ernesto Javier Canepa Díaz, Antonio Zambrano Montes y Rubén García Villalpando– es inevitable concluir que ese país asiste a una lamentable desviación de la función policial, que supuestamente debiera salvaguardar la integridad de las personas y que hoy se caracteriza, en cambio, por actuar conforme a pautas racistas, clasistas y profundamente violentas, lo cual configura una crisis de derechos humanos en la nación vecina. En dicho panorama, lo extraño no es que se agreda con armas de fuego a elementos policiales, como ocurrió ayer en Ferguson, sino que esos hechos deplorables no ocurran con mayor frecuencia y en mayor escala, y que el descontento social contra las corporaciones de seguridad pública no se haya traducido aún, por fortuna, en un escenario de violencia y desobediencia civil generalizada.
Tal circunstancia exhibe la doble moral de un régimen que se presenta como líder mundial en la protección de los derechos humanos y la dignidad individual y que desde esa postura suele acusar a gobiernos extranjeros de violentar consuetudinariamente las garantías individuales. Antes que proclamarse defensor de esas garantías a escala planetaria, Washington debiera tomar las medidas necesarias para evitar los abusos policiales sistemáticos contra la integridad y la vida de su propia población. Se percibe, en suma, una muestra más de la descomposición ética, política e institucional de la superpotencia.
