Madrid.

El Senado español aprobó este jueves la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, con la que se pretende criminalizar las protestas y endurecer las penas por manifestarse en plazas públicas o realizar acciones reivindicativas ante sedes de las instituciones del Estado. La nueva legislación se aprobó con la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y el rechazo de la oposición. Ahora el texto deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados, donde se prevé un debate antes de su aprobación definitiva.

La futura ley que regulará las actividades públicas de la ciudadanía en España superó un nuevo trámite, con lo que está más cerca su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); así como su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. El Senado español introdujo algunas enmiendas, como la autorización para crear un registro de pasajeros de aviones, en respuesta a una propuesta de la Unión Europea (UE) para, supuestamente, combatir al extremismo islámico.

Al margen de esa enmienda, la ley quedó tal cual la presentó el presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, e incluye cuestiones que causaron la indignación y la preocupación tanto de la ciudadanía como de numerosas entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, además de las propias instituciones europeas.

Entre las medidas que más preocupan están los apartados que definen como faltas muy graves manifestarse o alterar el orden público en las sedes de las instituciones del Estado (Parlamento, ayuntamientos, sede presidencial, entre otros) o realizar actos de protesta en infraestructuras, como lo hacen habitualmente los activistas de la organización ecologista mundial Greenpeace. Por este tipo de protestas se prevén multas que podrían llegar a 600 mil euros (11 millones de pesos). Estas faltas, además, ni siquiera tendrían derecho a ser apeladas en un juicio.

Durante su trámite en el Senado, todos los grupos de la oposición expresaron su preocupación por el espíritu represor de esta ley mordaza, y prometieron que de producirse a finales de año un cambio en el poder tras los comicios generales se derogará esta normativa por suponer un atentado a los derechos humanos.

Además, las formaciones opositoras expresaron su malestar porque a partir de la aprobación de la ley se permitirá a los agentes fronterizos españoles devolver a migrantes africanos a Marruecos sin juicio previo ni asistencia de ningún tipo.

La versión final de la ley señala que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar las vallas de contención para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal a España.

El paso de la ley por el Senado fue un trámite necesario para su aprobación y discusión final en el Congreso de los Diputados, donde se prevé una encendida contestación de los grupos parlamentarios de oposición y de la ciudadanía, que desde que se anunció esta ley han expresado en diversas manifestaciones multitudinarias su rechazo frontal.

Hace unas semanas, tanto HRW como la ONU pidieron al gobierno español que no aprobara una ley que tildaron de desacertada y que atenta contra las garantías individuales.

Cuando los gobiernos adoptan medidas restrictivas para los derechos humanos y, en particular, tienen un impacto regresivo, están en la obligación de justificar su necesidad. El gobierno español no ha planteado argumentos convincentes de que las potestades que pretende establecer sean necesarias y puedan justificar la limitación de derechos políticos y civiles fundamentales, advirtió HRW.