El monto de las multas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –a causa de sus mensajes publicitarios– podría aumentar.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizaban anoche un proyecto para que la sala especializada de este órgano sancione (con multa y no sólo con amonestaciones) la sobrexposición de los informes de los legisladores de este partido, emitidos de septiembre a diciembre del año pasado, que constituirían una violación al modelo constitucional de comunicación política.

La magistrada María del Carmen Alanís advirtió que el análisis de la sala especializada fue incongruente al calificar la falta como leve, toda vez que fueron difundidos cerca de 300 mil impactos de promocionales en radio y televisión.

De acuerdo con datos públicos que ha discutido el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo Alanís, del cúmulo de todos los promocionales, los cineminutos difundidos en un periodo que comprende del 2 de septiembre al mes de febrero podrían alcanzar una suma (costo) de más de 300 millones de pesos en ese periodo, lo cual estaría muy cercano al financiamiento público ordinario del Partido Verde de 2015, que son 323 millones.

Y lo digo así de claro: en nuestras sentencias, en los casos concretos de informes legislativos, con criterios muy claros y que los retoma el magistrado Carrasco (ponente del proyecto discutido ayer) nunca permitimos en llegar a estos extremos, expresó.

Los magistrados discutieron los informes legislativos cuyo contenido está impugnado en una lógica de sistematización, de repetición y de permanencia.

Es decir, no se trata de informes legislativos genuinos sino de la utilización, en los promocionales de los legisladores, precisamente de los contenidos de las campañas del partido político, en ejercicio de sus prerrogativas. Para mí el ilícito es en la afectación al modelo constitucional de comunicación política, advirtió la magistrada.

El magistrado Pedro Esteban Penagos dijo que el PVEM incurrió en una sobrexposición indebida de su imagen ante la ciudadanía, por lo que no debió ser sancionado sólo con una amonestación pública.

La propuesta discutida era reclasificar la infracción, con la base de que existió una adquisición indebida en tiempos de radio y televisión.

El magistrado Flavio Galván, en cambio, defendió el derecho de los legisladores a emitir informes, y se pronunció en favor del criterio utilizado por la sala especializada.