Ayer por la noche, los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) lograron un acuerdo en el dictamen de la Ley General de Transparencia, con lo cual este jueves por la mañana se votará el dictamen en comisiones para posteriormente remitirlo al pleno.

El tema que mantenía entrampada la ley era el de derechos humanos. Se salvó el escollo modificando la redacción del artículo 115 del dictamen que destaca: no podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Con esta redacción, destacó Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las dictaminadoras, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) no dependerá de una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para determinar que los datos relacionados con una violación grave o delito de lesa humanidad podrán ser públicos.

En tanto, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el pevemista Pablo Escudero, dijo que “se logró el acuerdo a ciento por ciento en el dictamen. Hubo tres modificaciones, la más importante es la relativa a los derechos humanos que queda como lo solicitó el Ifai, en el artículo 14 del la ley vigente en la materia, y sólo le eliminó a esa redacción la palabra ‘investigación’”.

De igual forma, detalló, se modificó el artículo 100, segundo párrafo, y quedó de la siguiente manera: Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley y en ningún caso podrán contravenirla.

Encinas dijo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó que el dictamen se apruebe este jueves en comisiones, pero que no pase al pleno para su discusión sino hasta que se haya revisado completamente para que no haya sorpresas o errores.

La CNDH había solicitado al Senado que se le ratificara en la ley su facultad constitucional de calificar de graves las violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

De esta forma se elimina al Ifai cualquier condicionamiento, así como a los órganos autónomos para poner a disposición del público toda la información relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves.

Trascendió que se optó por esta redacción en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia que presentó la CNDH contra el Ifai. Una vez que haya un pronunciamiento al respecto podría reformarse la ley.

En el proyecto de dictamen que se distribuyó a los senadores de las comisiones dictaminadoras se destaca en el artículo 70 que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada a través de medios electrónicos, entre otras cosas, el directorio de todos los servidores públicos, a partir de jefes de departamento cuando manejen recursos públicos, ejerzan actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo régimen de confianza, honorarios o de base.

Además, deberán hacer pública la remuneración bruta de todas las percepciones incluyendo sueldos, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación; los gastos de representación y viáticos. El número total de plazas y del personal de base y confianza especificando el total de vacantes por nivel de puesto para cada unidad administrativa.

Esto aplica para los funcionarios de los tres poderes de la Unión, los estados y municipios.

Los legisladores , además, se detalla, deberán publicar el informe semestral del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios, centros de estudio u órganos de investigación.