La reforma energética promovida por el gobierno mexicano únicamente busca proteger los intereses de las grandes compañías trasnacionales del petróleo y la electricidad, facilitándoles el despojo de los recursos naturales de diversas comunidades del país, a las que se les dejará sin ninguna opción legal de defensa, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

Durante el conversatorio Escenarios en México: derechos humanos, empresas y reforma energética, Aroa de la Fuente, miembro del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que las autoridades de México sólo pretenden garantizar la rentabilidad de las inversiones extranjeras, en demérito de los pueblos que se opongan.

La reforma busca promover el acceso de las empresas a los territorios de las comunidades por encima de cualquier otra garantía. Además, no hubo información suficiente antes de valorar las medidas que iba a implicar, se da preponderancia al sector privado sobre el público y tiene un marco legal contrario a los derechos humanos, alertó la especialista.

Asimismo, De la Fuente indicó que la modificación promueve la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas extractivas contaminantes y riesgosas, como la fractura hidráulica o fracking, y legalizará el despojo cometido mediante figuras como la servidumbre legal y la expropiación temporal de tierras, argumentando la supuesta utilidad pública de dichos proyectos.

Tras advertir que la reforma ha debilitado más la política medioambiental del país, ya de por sí deficiente, la investigadora anunció que el 20 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia sobre los riesgos de los cambios energéticos, lo cual es una buena noticia ante la inacción de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Juan Antonio López, integrante del colectivo Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, coincidió en dicha modificación pone la capacidad de las empresas de explotar hidrocarburos por encima de los derechos humanos, garantizándole a los inversionistas que sus actividades no serán obstaculizadas de ninguna manera.

Betina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, indicó que en dicha zona hay 24 parques eólicos, los cuales fueron instalados sin consultar a las comunidades y sin darles ningún beneficio económico, lo cual ha provocado conflictos sociales que las comunidades siguen tratando de resistir de manera pacífica.