Un antecedente de septiembre pasado, cuando un juez federal ordenó la libertad inmediata de un presunto miembro del crimen organizado porque fue detenido en su domicilio sin orden de cateo y se le mantuvo en prisión debido a los dichos de testigos protegidos que mintieron en sus testimonios, provocó que abogados penalistas saturaran varios juzgados y tribunales con argumentos de defensa similares.

Tal es el caso de los defensores de Joaquín El Chapo Guzmán, del empresario Gastón Azcárraga y de la maestra Elba Esther Gordillo (acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero), quienes presentaron argumentos parecidos (violación al principio de presunción de inocencia) ante los jueces que procesan a sus defendidos.

El pilar fundamental de ese principio establece que el órgano acusador, sea fiscal o agente del Ministerio Público, tiene la obligación constitucional de demostrar con pruebas firmes, contundentes y legalmente obtenidas, la culpabilidad de una persona, y que mientras eso no se demuestre, todo acusado de un delito debe ser tratado como inocente.

El 25 de septiembre pasado, el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales con sede en Guadalajara, Jalisco, absolvió y ordenó la inmediata libertad de Martín Alejandro Beltrán Coronel, El Águila, presunto heredero de la organización criminal de Ignacio Nacho Coronel, así como de cuatro coacusados, por estimar que no tuvieron un debido proceso en los juicios que se les siguió por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Esa instancia judicial consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) violó el principios de presunción de inocencia y los detuvo en un allanamiento sin orden de cateo.

A decir de fuentes del Poder Judicial Federal, en los ocho juicios que se iniciaron contra El Chapo Guzmán por diversos delitos, sus abogados han hecho valer argumentos de defensa relacionados con la supuesta detención ilegal del capo, ya que, según los litigantes, se realizó sin orden de cateo.

Dinero lícito

De su lado, los abogados de la maestra Gordillo y del empresario Gastón Azcárraga, ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, han argumentado que la PGR violó el principio de presunción de inocencia de los imputados, debido a que el tipo penal de lavado de dinero obliga a los acusados de ese delito a demostrar que el dinero que se les imputa de origen ilícito, en realidad lo obtuvieron de forma legal y debida.

“El tipo penal de lavado de dinero revierte la carga de la prueba que le corresponde al Ministerio Público en contra del imputado, y con ello viola el principio de presunción de inocencia que le concede la Constitución y los tratados internacionales a cualquier persona.

Si la Constitución dice que quien acusa está obligado a probar, en el caso del tipo penal de lavado de dinero se obliga a un imputado a presentar pruebas que demuestren que el dinero que se le reclama en realidad es lícito, y con ello se le toma por presunto culpable a quien la Carta Magna dice que debe considerársele inocente, por eso estamos ante un delito inconstitucional, dijo a La Jornada el penalista Felipe Rosales.