La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades en la construcción del nuevo edificio que albergará al Archivo General de la Nación (AGN), así como en la remodelación de las instalaciones actuales.

En el resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013, la ASF emitió tres recomendaciones y seis solicitudes de aclaración, porque si bien el recinto principal está concluido, sigue sin operar.

Esa condición prevalecía en diciembre pasado, al cierre del informe de la ASF, sobre un proyecto de infraestructura que comenzó en 2009 y por el cual –en otros ejercicios– se han documentado deficiencias vinculadas a posibles actos de corrupción.

Del punto que pondera la ASF en su más reciente revisión, el AGN respondió que ha tenido bajas presupuestales originadas por el direccionamiento de recursos a otros propósitos del gobierno federal, lo que ha causado el retraso en la adquisición y suministro del equipamiento del nuevo edificio, del laboratorio y, en consecuencia, su puesta en operación.

La dirección de administración del AGN pidió en 2014 más recursos para cumplir las metas. Sin embargo, refiere la ASF, se informa que en años anteriores no se contó con los recursos o fueron insuficientes para alcanzar los objetivos.

El órgano fiscalizador encontró otras deficiencias en el proceso de contratación y ejecución de la obra citada. “En términos generales, se concluye que el AGN no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia:

No cumplió con la fecha de la puesta en operación prevista; en un contrato de obra no se cuenta con la fianza de vicios ocultos, el finiquito ni con el acta administrativa que da por extinguida (la relación) con el contratista; hay servicios pagados pero no realizados por un monto de 687 mil pesos.

Además, el factor de ajuste de costos no cuenta con el soporte correspondiente por un monto de 897 mil pesos; también hay diferencias de volúmenes entre lo cuantificado en la obra y lo pagado por 1.6 millones de pesos, duplicidades de actividades por 336 mil pesos y autorización de precios extraordinarios por 3.3 millones.