l agua es un elemento natural indispensable para vivir. Sin ella la existencia de la vida no es posible. Además, para muchos pueblos del mundo reviste aspectos culturales que se expresan en mitos y prácticas fundamentales para su existencia. Su importancia la entendieron las sociedades antiguas, que lo trataron como un bien común del que ningún particular podía apropiarse, porque hacerlo ponía en peligro la existencia de los demás. El Congreso constituyente de 1917, que aprobó la Constitución política de nuestro país, que actualmente nos rige, recogió esa tradición declarando que el agua era propiedad de la nación mexicana, es decir, de todos los mexicanos, dejando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de su administración, para repartirla equitativamente, cuidar su conservación y no se pusiera en peligro su aprovechamiento por generaciones futuras.

Este carácter jurídico del agua terminará si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Diputados, pues con ella se profundizaría el carácter privatizador que desde 1992 se le viene dando, primero con las reformas al artículo 27 de la Constitución federal y la aprobación de la actual Ley de Aguas Nacionales, a la que se han introducido diversas modificaciones a través de los años para promover la mercantilización del agua. La Ley General de Aguas que los diputados se aprestan a aprobar propone profundizar estos rasgos, pero sobre todo, transformar su administración la creación y manejo de infraestructura, su explotación y distribución, así como el cobro del agua potable, para dejarla en manos de particulares.

Uno de los aspectos que se propone modificar son las causales de utilidad pública, incorporando como tales actividades que visiblemente son de beneficio privado, como el trasvase de agua de una cuenca o acuífero hacia otro; o la construcción de presas hidroeléctricas. No se trata de actividades nuevas, pues presas hidroeléctricas y construcción de acueductos para llevar el agua de un lugar a otro se han venido haciendo desde hace décadas, mas como sus efectos ambientales, económicos, sociales y culturales sobre las poblaciones son desvastadores, han encontrado una fuerte oposición social y ahora buscan fortalecer sus instrumentos que les permitan imponerse a la voluntad popular. Lo grave es que se legalizan prácticas privatizadoras contra las cuales la sociedad mexicana ha mostrado su rechazo, legalizando incluso la utilización de la fuerza pública para imponer sus proyectos.

Otros de los cambios que la iniciativa de Ley General de Aguas contiene es el manejo del agua por los particulares, así como la de certificar la autosuficiencia y sostenibilidad de los servicios, es decir, que con las tarifas que los usuarios paguen por el agua se pueda recuperar la inversión. En ese mismo sentido, se establece un mínimo vital para consumo personal y doméstico para que mexicanos podamos cubrir nuestras necesidades básicas, el cual consiste en 50 litros diarios por persona. Esto es contrario a lo que dispone el artículo 4 de la Constitución federal, el cual establece como obligación del Estado garantizar a todos los mexicanos el acceso al agua salubre, aceptable y asequible, lo mismo que diversos tratados internacionales y la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, todas de observación obligatoria en nuestro país.

Además de las anteriores contradicciones, la ley que se discute atenta contra el derecho constitucional de acceso preferente de los pueblos indígenas a los recursos existentes en los lugares que habitan, de lo cual no se dice nada; así como del derecho a ser consultados por las autoridades antes de tomar una medida legislativa que pudiera afectarles, como es la mencionada iniciativa de ley. Al proponer una ley que se aparta del contenido constitucional y los tratados internacionales obligatorios en nuestro país, el Poder Ejecutivo viola deliberadamente los derechos de los mexicanos relacionados con el acceso al agua; al mismo tiempo que pone a prueba la paciencia de los mexicanos, mercantilizando un derecho indispensable que debe garantizar.

Pero, sobre todo, pone a prueba la paciencia de los mexicanos para seguir resistiendo agravios cuyo origen es el poder instituido para proteger sus derechos.