Nuevo Laredo, Tamps.

¿Tú fuiste la que puso la denuncia? ¡Saca las armas y la droga!, le gritó un militar a Dafne Alejandra de la Cruz Luna, al allanar su casa junto a una docena de soldados, para amenazarla por haber interpuesto una denuncia contra el 16 Regimiento de Caballería Motorizada, presunto responsable de la ejecución extrajudicial de su compañero, Gustavo Ortega Pérez, de 23 años.

El domingo 15 de febrero, Gustavo la llamó para decirle que ya iba rumbo a su casa para comer juntos. En el camino se encontró con un convoy del Ejército en la carretera a Anáhuac y nunca llegó a su destino: Mi cuñado me avisó que había chocado aquí cerca. Fui y los militares no me dejaron verlo. Luego, seguí la ambulancia hasta el Hospital General, pero tampoco me dejaron entrar, porque no estábamos casados legalmente.

Gustavo estuvo una semana en coma y murió el 22 de febrero, pero le entregaron el cuerpo hasta el 2 de marzo. Dafne Alejandra se muestra visiblemente afectada. Tiene dos hijos, de tres años y de seis meses. Vive en una pequeña casa de interés social y trabaja vendiendo ropa. Cuenta que su compañero era agente aduanal en el día y en la noche laboraba de mesero.

Relata que su compañero pudo haberse salvado, pero cuando finalmente ingresó al hospital, se dio cuenta de que los militares se dedicaron a obstruir la atención profesional y a intimidar al personal de enfermería y médicos, lo cual constataron los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que abrió un expediente de queja por los hechos.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República, con el número de averiguación previa AP/PGR/TAMPS/NL-I/1066/2015 al que ha tenido acceso La Jornada, hay sólo tres militares bajo investigación –el teniente de caballería Juan Roberto Pérez Ruacho, el soldado de caballería Víctor Jiménez Bueno y el soldado de transmisiones José María Caballero Morales–, a pesar de que en los hechos participaron alrededor de 25 elementos dirigidos por un oficial.

Los militares han declarado que Gustavo Ortega traía “una granada de fragmentación, una pistola de 9 milímetros marca Taurus, un cargador, varios cartuchos, seis bolsas con ‘hierba verde’ y cinco bolsas con sustancias en forma de piedra color blanco y 34 bolsas con un polvo blanco...”

Aseguran que Gustavo disparó primero y que iba acompañado en su camioneta por varias personas que empezaron a disparar con cuernos de chivo, pero los análisis y los testigos de los hechos, ocurridos a las cuatro y media de la tarde, son muy distintos:

Tenemos evidencias de que fue perseguido por una patrulla de militares durante 500 o 600 metros, no se le hizo advertencia de detenerse y provocaron que se impactara contra una cisterna. Rendido, incluso con las manos arriba, le dieron un disparo por la parte trasera del respaldo del asiento que penetró en la nuca; un disparo, de acuerdo con peritajes de organismos internacionales y nacionales, a una distancia de 20 metros, dice Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien asumió la defensa de la víctima.

Comenta que la coartada de los militares se cae con las evidencias: “Nosotros tenemos la prueba del rodisonato que resultó negativa. Además, si hubo una distancia de persecución de 500 metros, estimamos que no cabe la posibilidad de que se les hayan escapado los otros supuestos acompañantes; entonces, pensamos que no había tales. Lo cierto es que no hay evidencia de una agresión de la víctima a los militares que no tienen un solo vehículo dañado con impactos de arma de fuego y no hay un solo militar herido, producto de esa agresión; por tanto, estamos considerando que se trata de una ejecución extrajudicial”.

El acoso

Un día después de la muerte de Gustavo, un convoy del Ejército se presentó en la casa de Dafne Alejandra, de 21 años de edad: Ese mismo lunes los militares vinieron en la noche. Un mecánico me estaba arreglando la troca y lo golpearon por más de media hora. Los soldados golpearon la puerta gritando. Abrí y a pesar de que había muchos niños, mis hijos y mis sobrinos que gritaban, no les importó.

En ese momento, estaba una amiga en la casa. “Le agarraron el celular y como traía fotos de mi marido le dijeron: ‘Eres una puta, seguro te estabas cogiendo al esposo de tu amiga’. Ella estaba muy asustada y le gritaban: ‘¿Tienes tatuajes?’ Respondía que no y le dijeron: ‘¿Y si te encueramos? Súbete a la camioneta, ya sabes lo que te va a pasar’”.

Indica que otro de los militares se le acercó para cuestionarla por la denuncia que interpuso contra el 16 Regimiento de Caballería Motorizada: “¿Por qué pusiste la denuncia si sabes en lo que anda tu esposo?“, le dijo el militar sin identificarse. Ella contestó: La puse porque toda la gente vio cómo lo asesinaron. Él solo iba pasando. Es inocente. Y voy a poner otra denuncia si no se van, porque no tienen permiso de estar aquí.

En ese momento, recordó que tenía 30 mil pesos en su camioneta: “El dinero lo traía en un sobre, era de unas joyas que empeñé para el entierro. Eran 36 mil pesos. Y me di cuenta de que no estaban, que sólo me dejaron 6 mil en billetes de cien y 50 pesos; le pedí al militar: ‘Devuélveme el dinero, mira por lo que estoy pasando’. Y él empinaba a mi mamá para que mirara debajo del sillón de la camioneta donde habían tirado los billetes de cien y 50 pesos. Mientras los recogíamos, ellos aprovecharon y se fueron. Además de asesinos, rateros. También se robaron unas 30 camisetas que traía para vender”.

El día del sepelio, cuenta que los militares siguieron la carroza fúnebre: Esto ya es acoso. Lo que estoy pidiendo a la CNDH y la Organización de las Naciones Unidas es que apliquen medidas restrictivas para que ya no se puedan acercar a mi casa ni a la familia.

La búsqueda de justicia

Dafne Alejandra es delgada y su rostro refleja el cansancio y abatimiento por el que ha pasado estos días. Los visitadores de la CNDH toman sus declaraciones y también los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

La acompaña el activista por los derechos humanos y luchador social Raymundo Ramos: Queremos que todo quede registrado. Desde el primer momento los militares impiden a la esposa entrar al hospital, impiden al personal médico y de enfermería atender al herido; luego impiden a la propia CNDH ingresar para tomar información. Los militares en todo momento han hecho un trabajo de obstrucción. Eso nos indica que quieren ocultar lo que hicieron.

En la exigencia de acceso a la justicia, están solicitando además medidas cautelares para la viuda y su familia, porque recordó que desde que fue interpuesta la denuncia contra los militares, ha sufrido acoso y hostigamiento:

La viuda es víctima de un allanamiento, maltrataron a dos amigas y un trabajador y se robaron 30 mil pesos en efectivo; ella demostró con documentos la procedencia lícita de ese dinero. Los militares dicen que su presencia en el domicilio de la señora fue para atender una denuncia anónima, la clásica de siempre. Lo que pretenden a largo plazo es que no se investigue, que la familia se desista y que obviamente no se castigue a los responsables, por eso se da esta impunidad.

La presunta ejecución extrajudicial de Gustavo Ortega a manos de las Fuerzas Armadas no es la primera. Desde 2009 a la fecha, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado otros 11 casos: Israel Ayala Ramírez, 31 de marzo de 2009; Miguel Ángel Gama Habif, 31 de marzo de 2009; Aarón Rojas de la Fuente, 31 de marzo de 2009; niño Bryan Almanza Salazar, 3 de abril de 2010; niño Martín Almanza Salazar, 3 de abril de 2010; Juan Antonio Pedraza Castillo, 15 de junio de 2010; José Manuel Esqueda Nieto, 27 de diciembre de 2011; Raúl Eduardo Romero Vedia, 19 de agosto de 2012; Alfredo Ruiz Rojas, 18 de marzo de 2013; Rubén Gámez Valdez, 27 de marzo de 2013, y Jesús Alberto Castro Quintero, 17 de octubre de 2014.

Además, ha documentado decenas de casos donde habrían participado militares en los delitos de tortura, violación a mujeres y desaparición forzada. En la mayoría, la constante es la impunidad.

En todos ha habido manipulación de evidencias, alteración de la escena y el impedimento a las autoridades civiles, así como a los familiares, para que tengan acceso al lugar de los hechos, hasta que la orden del militar responsable lo autoriza. Tienen entre tres y seis horas para manipular la escena de un crimen en promedio. Y en 80 por ciento de los casos es la impunidad que empieza con una averiguación dilatada y parcial. No hay sentencias, hay impunidad, indica Raymundo Ramos.

Y concluye: El general (Salvador) Cienfuegos ha conminado a los militares a no comportarse como delincuentes; o es un doble discurso o se está burlando de los ciudadanos. El gobierno no quiere reconocer que vivimos en un estado de sitio, bajo el mando de las fuerzas militares, que el Poder Judicial no quiere ejercer su función de garante de las leyes y que no les interesa estar del lado de las víctimas. No estamos en un país de derecho, sino en un país muy parecido a una dictadura militar. El Ejército tiene un poder absoluto y ninguna autoridad lo quiere reconocer ni acotar. En México el que manda es el Ejército.