En un entorno de por sí adverso y peligroso para las y los activistas de derechos humanos, el nivel de riesgo y vulnerabilidad es todavía mayor para las mujeres que se dedican a esta actividad, como lo demuestra el hecho de que entre 2010 y septiembre de 2014 se han registrado 32 asesinatos de defensoras y mujeres periodistas en el país.

Así lo indicó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), organismo que de 2010 a 2013 documentó también 398 agresiones de diversos tipos contra activistas y comunicadoras, en un fenómeno que ha ido creciendo cada año, pues en 2010 se registraron 35; en 2011, 43; en 2012, 118, y en 2013, un total de 202.

Este patrón de ataques contra las mujeres que se dedican al periodismo o la defensa de las garantías básicas fue todavía más severo en 2014, pues en dicho año la red –integrada por 97 organizaciones de 22 estados de la República– tuvo conocimiento de más de 300 agresiones, cantidad muy cercana a la que se registró en los cuatro años previos.

La gran mayoría de estos crímenes, indicó en entrevista con La Jornada la coordinadora de la RNDDHM, Atziri Ávila, no son investigados por las autoridades y presentan algunos rasgos particulares que los diferencian de los que sufren sus colegas del sexo masculino.

En el caso de las amenazas, explicó, los agresores no sólo tratan de intimidar a la víctima directa, sino que también hacen énfasis en que pueden hacerle daño a sus hijos o hijas, y existe un elemento claro de hostigamiento de carácter sexual.

Por otra parte, un estudio elaborado por la red documentó que las activistas que sufren mayores agresiones son las que se dedican a temas de defensa de la tierra y el territorio, seguidas por las que defienden a otras mujeres, las cuales sufren violencia intrafamiliar, feminicidios o desaparición forzada.

De igual forma, se registró que los autores de los ataques pueden ser personas desconocidas, pero también de servidores públicos, como policías o soldados, así como de empresas trasnacionales que impulsan megaproyectos económicos.

Otro tipo de agresiones, subrayó Ávila, ocurren desde los medios de comunicación, muchos de los cuales participan en campañas de difamación en contra de defensoras de derechos humanos por su actividad, con el objetivo de desprestigiarlas y criminalizar su labor, utilizando incluso un lenguaje sexista para ello.

A todo lo anterior se suma el que el sistema patriarcal ha inculcado la idea de que las mujeres no deben participar en la esfera pública y, por tanto, el trabajo de defensa de derechos humanos corresponde más a los hombres, o en todo caso a ellas no se les da el mismo mérito por desempeñar esta actividad.

Entre los ejemplos recientes de agresiones o acoso en contra de mujeres activistas, resaltó, puede mencionarse el de Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, a quien la Secretaría de Gobernación le ha negado protección a pesar de haber sido agredida y amenazada varias veces en los meses recientes.

También se encuentra el caso del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con sede en Chihuahua, cuyas integrantes –in­cluida su directora, Luz Estela Castro– han sido blanco de una campaña de difamación por parte de varios medios locales que se refieren de manera despectiva a su labor o la ponen en entredicho.

Asimismo, la coordinadora de la RNDDHM citó el caso de Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, quien ha sido amenazada por personas cercanas al ex líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por denunciar la supuesta red de prostitución que éste encabeza.