De política
e acerca el cambio de la LXII Legislatura por la LXIII, la primera será famosa en la historia de México por su regresión espectacular en más de un siglo; para la segunda no se espera mayor cambio si creemos que las mismas mañas dan los mismos resultados y si desestimamos la capacidad crítica del pueblo mexicano, concluyendo, antes de que llegue el tiempo de la verdad, que la LXIII Legislatura profundizará por mayoría las prácticas antipatriotas de su antecesora.
Dirán nuestros lectores: ¿qué tienen que ver estas reflexiones políticas con nuestra columna centrada en el tema de la alimentación? Respondo: si hay algo que es eminentemente político en la era de la globalización neoliberal es la alimentación, que en sus orígenes fue el elemento fundacional de toda sociedad y su cultura, pero la economofagia del mundo occidental la tragó en su esfera y la redujo a un índice estadístico.
El asunto es que se va agotando el tiempo de la actual Legislatura sin que discuta y vote, envíe al Senado y anule eventuales cambios regresivos, para aprobar finalmente la Ley General del Derecho a la Alimentación, que la diputada oaxaqueña Gloria Bautista Cuevas, presidenta de la Comisión de Alimentación del Congreso, trabajó incansable durante los dos y medio años pasados, habiendo logrado un consenso con las otras integrantes de la comisión, todas ellas, me parece, representantes de diferentes partidos.
Yo misma tuve una participación en la reflexión y redacción de los artículos que conforman dicha propuesta de ley general para normar los lineamientos que garanticen el derecho a la alimentación de los habitantes de nuestro territorio nacional. Fue apasionante este trabajo que, además, a lo largo de varios meses me permitió comprobar cómo el tema de la alimentación toca superficialmente la sensibilidad del género masculino (en general) no pudiendo verlo de otras maneras que no sean la nutrición, en el caso de los médicos, o del placer en el de quienes frecuentan las buenas mesas nacionales e internacionales, sin que su entendimiento pueda abarcar lo esencial: que la alimentación es en sí misma el derecho a la vida y a la cultura de una sociedad, lo que evidencia una limitación entre los poseedores de buena fe o bien los intereses económicos de individuos y de grupos.
El hecho es que algunos luchan encarnizadamente contra todos los argumentos que protejan verdaderamente este derecho constitucional desde su raíz misma, que es el campo y no la agroindustria, pues ésta también toma sus insumos del campo; legisladores que no quieren oír que quienes nos permiten comer sanamente son los campesinos y no los empresarios, que niegan que una alimentación sana proviene de productos de suelos sanos, e ignoran deliberadamente el hecho de que entre más tierras y aguas contaminadas existan aumentará la población enferma de todas las edades y clases sociales (diputados, senadores y sus familias incluidos).
Pero aunque no lo crean ni quieran aceptarlo, el derecho a la alimentación es el primer derecho del ser humano, aun si sólo aparece en el párrafo tercero del artículo cuarto de la Constitución Mexicana, por lo mismo una Ley General sobre este derecho no sólo debe contener normas que lo garanticen explícitamente, sino también debe incluir definiciones precisas de los términos usados a fin de que no haya lugar a interpretaciones sesgadas por la ineptitud o la corrupción, y que en cambio su lectura ofrezca como única interpretación posible la gramatical. Ciertamente existen ejemplos de leyes que incluyen definiciones, como la de Desarrollo Forestal Sustentable en cuyo inicio se enumeran 42 definiciones o la de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados con 36 definiciones, entre otras leyes; sin embargo, en los debates sobre la redacción de la Ley General del Derecho a la Alimentación, que incluyeron delegadas de la FAO y ONGs así como expertos en temas campesinos y alimentarios o en técnicas legislativas, todos estos se mostraron curiosamente opuestos a incluir definiciones que precisaran el lenguaje alimentario, ¿la razón? porque no me gustan las definiciones en las leyes
–me dijo un reputado académico.
Es terriblemente preocupante que la ley general del derecho a la alimentación no salga antes de que aparezca la iniciativa peñista de la anunciada reforma del campo y de que entre en práctica el despojo de tierras productivas de alimentos, so pretexto de la riqueza de sus subsuelos en energéticos fósiles cuya explotación las destruirá por tiempo indefinido. ¿En qué estamos pensando mientras nos arrancan la tortilla y los frijoles de la boca o nos los envenenan? ¿Por qué nos dejamos distraer de la epidemia de cáncer con la obesidad y la diabetes, cuando todas nos afectan? ¿Tan difícil es tener sentido común y comprender la relación que hay entre la alimentación que nos imponen las transnacionales que subsidian a los medios de comunicación, sobre todo a las televisoras, y compran voluntades políticas, con el descenso de la calidad de vida y el aumento de muertes prematuras? ¿Dejaremos que los legisladores hoy en sus bancas y los que elegiremos mañana sigan traicionando su propia condición humana mientras todos vemos cómo caen muertos a nuestro alrededor los seres queridos en espera de caer nosotros mismos? Paremos el retroceso histórico de nuestra generación y de las generaciones que dimos a luz y de las que les siguen!
