o acontecido el 24 de febrero en el bulevar de Las Naciones de Acapulco, donde se movilizaban más de 4 mil 500 trabajadores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, terminó con la violenta represión de la Policía Federal, que aprovechando cuando quitaron la luz del bulevar, a punta de toletazos bajó de la camioneta de sonido al profesor jubilado Claudio Castillo Peña, de 65 años, dejándolo inconsciente, con 18 costillas rotas y quien murió horas después a causa de los golpes recibidos. El profesor fue un luchador social, defensor de la educación pública y los derechos laborales del magisterio. (Véase El temple de Claudio Castillo Peña. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/03/opinion/019a2pol)

A pesar de que más de 200 mujeres iban al frente de la marcha, que partió de Puerto Márquez justamente para frenar la confrontación, fueron las primeras golpeadas por los policías antimotines, que además abusaron sexualmente de cuatro maestras, una de ellas hospitalizada en estado delicado (leer su testimonio http://suracapulco.mx/arch). Este acto aberrante demuestra que la violación sexual sigue siendo un botín de guerra.

Además, hubo siete heridos y 106 detenidos, después liberados. Esta represión de Estado es parte de la criminalización de la protesta social dada con mayor agresividad para contenerlas e imponer las reformas estructurales, en especial, la educativa.

Desde el 11 de febrero los maestros movilizados firmaron una serie de compromisos con autoridades del gobierno federal y estatal, una de ellas era realizar una mesa de negociación, el 24 de febrero, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al ser cancelada, decidieron tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Acapulco y presionar a las autoridades para hacer cumplir los acuerdos firmados.

El 26 de febrero, Salvador Martínez della Roca, secretario de Educación de Guerrero, fue entrevistado en el noticiario de Carmen Aristegui, reconoció que hubo excesos de la policía contra manifestantes y no hubo diálogo. Dijo que lo que motivó este enfrentamiento fue la falta de seguridad del salario y la arbitrariedad de la Secretaría de Hacienda al echarle más gasolina a la hoguera, siendo ésta una provocación, porque hay una nómina inflada desde 1992. Y pregunta, ¿por qué si les pagaban antes, en la actual coyuntura se les dejó de pagar? Además, afirma que les quitaron 2 mil 300 millones de pesos del presupuesto para educación y cuestiona por qué al estado de México le aumentaron 9 por ciento el gasto educativo y a Guerrero le aumentaron sólo 3.5 por ciento, según lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Lo que demuestra que Hacienda, la SEP y el gobierno federal han castigado a los contingentes afines a la CNTE –que se han negado a aceptar la imposición de la contrarreforma educativa– al no regularizar su salario, ya que mediante la Ley de Coordinación Fiscal, la cual entró en vigor en enero de 2015, la Federación centraliza el pago de nómina por conducto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto operativo (Fone) administrado por la SHCP, existiendo el riesgo de que ni la representación sindical ni los profesores tengan el control sobre sus ingresos y estabilidad laboral al estar condicionados al pago de la nómina magisterial a cumplir con los perfiles, parámetros e indicadores impuestos en la normatividad educativa.

La bilateralidad entre la representación sindical y las autoridades estatales respecto de los incrementos en las remuneraciones estará supeditada al Servicio Profesional Docente y a la disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Con ello se aniquila la bilateralidad del contrato.

Días después de la represión, Martínez della Roca dijo que ya fueron pagados los adeudos de enero, febrero y la segunda parte del aguinaldo, y se mantienen las negociaciones para llegar a acuerdos con la Secretaría de Hacienda y no suspender el pago, así como la revisión y reconocimiento de 12 mil 300 plazas y la entrega de 420 millones de pesos para pagar la nómina hasta marzo.

A escala nacional, durante la primera quincena de enero, 48 mil 442 casos fueron objeto de aclaración por parte de las entidades federativas. En la segunda quincena de febrero al menos 10 estados se manifestaron por varias irregularidades: no recibir el pago oportuno y completo de su salario (hay a quienes su cheque les llegó en ceros,) maestros que les suspendieron el salario porque no estaban en la base de datos y tuvieron que probar que lo eran.

La forma de pago provocó conflicto porque se reclama un comprobante de pago que acredite cuánto reciben y explique el desglose de sus percepciones y descuentos. Y rechazan la tarjeta electrónica porque reciben un estado de cuenta por Internet sin precisiones, ni registro de sus años de servicio y porque hay insuficiencia de bancos y cajeros en comunidades apartadas para realizar el cobro vía electrónica.

En el caso de Oaxaca, 11 mil 250 trabajadores de la educación no habían recibido el pago de la última quincena de 2014 ni aguinaldo y 6 mil 904 tenían irregularidades en la nómina magisterial, supuestamente por no comprobar su nombramiento.

Además, hubo casos de cheques sin fondos y sin folios. Se reportaron más de 3 mil incidencias tanto de falta de pago como reducción del mismo. Esta fue la causa que motivó a los miles de maestros oaxaqueños a trasladarse a la ciudad de México y ocupar el Paseo de la Reforma.

Con la intensión de centralizar la nómina magisterial e imponer una reforma más administrativa-laboral que educativa, queda demostrado que las prácticas autoritarias del viejo PRI se han reinstaurado mediante la violencia institucionalizada del Estado sobre los trabajadores de México.

* Profesora normalista de la sección 9 CNTE. Autora del libro La primavera magisterial de 1989