Chilpancingo, Gro.

Padres de familia y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcharon en esta capital y en un mitin afuera del Congreso local demandaron la suspensión del proceso electoral del 7 de junio próximo, porque las autoridades no han presentado con vida a los 43 normalistas y varios candidatos están vinculados con el crimen organizado.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que los inconformes exigen que los diputados llamen a que no haya elecciones y entremos a un periodo de análisis sobre el tema.

Indicó que su propuesta de suspender las elecciones en Guerrero obedece a que “no hay condiciones para realizarlas. En la entidad se vive una realidad sui géneris, al suceder un hecho que viola los derechos humanos de manera muy grave, como es el caso Ayotzinapa; en éste hay (implicados) políticos corruptos y una clase gobernante que perdió el rumbo, por eso no podemos ir a las elecciones”, subrayó.

Ilustró con el caso del ahora candidato Alberto López Rosas, ex procurador estatal vinculado con la ejecución de dos normalistas en 2011. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tiene incluso en sus investigaciones un grupo de 30 alcaldes priístas y perredistas con claros vínculos con la delincuencia, y con averiguaciones previas. Está el caso de Carlos Reyes Torres (candidato a una diputación plurinominal), señalado por el Cisen por delincuencia organizada. ¿Esos son los que vamos a elegir los guerrerenses para que tengamos otro Ayotzinapa? Se pronunció por hacer un punto muerto para depurar la clase política de Guerrero, y mientras tanto que haya cargos interinos.

A unos metros del recinto legislativo, Rosales denunció también al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, por sus vínculos con el crimen organizado, así como Carlos Reyes Torres (ex líder del PRD y quien ocupa el primer lugar en la lista de los diputados plurinominales).

Sobre el anuncio que hizo la nueva procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez, en cuanto a que el expediente del caso Ayotzinapa sigue abierto, Rosales comentó que a nosotros no nos genera ninguna confianza. Sabemos que la posición política de la PGR es cerrar el caso. De lo contrario, que empiecen a abrir las líneas de investigación que se desprenden del expediente; que se vea actividad, porque se ha suspendido la investigación.

Sobre la presencia de un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que en un acercamiento con ellos se evidenció que están del lado de las víctimas y tienen un compromiso serio. Confió en que la CIDH realice una investigación profesional y exhaustiva.