El Senado aprobó ayer en comisiones la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la que se crea la figura de terrorismo en la industria petrolera y se sanciona con prisión de 30 a 40 años los actos de sabotaje en los equipos, instalaciones y bienes muebles e inmuebles de ese sector industrial.

A propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se indica que en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión.

Fue uno de las condiciones de la bancada perredista para aprobar ese dictamen, según comentó la senadora Dolores Padierna.

Otro de los cambios fue para precisar en qué consiste el término terrorismo en materia de hidrocarburos. Se definió en la fracción 26 del artículo tercero, en los siguientes términos: Realizar intencionalmente por cualquier medio violento, actos en contra de bienes, servicios, integridad física, emocional, seguridad o la vida del personal de asignatarios, contratistas o permisionarios; que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional o contra las actividades de carácter estratégico relacionado con los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

El senador Omar Fayad destacó que en el 2000 se habían detectado 155 tomas clandestinas y para 2014 fueron mil 963, además de que las ganancias que obtuvo la delincuencia se estimó en 2011 representaron 23 mil 900 millones de pesos; en 2012, ascendió a 33 mil 200 millones y de septiembre de 2013 a agosto de 2014, la delincuencia obtuvo ingresos por la sustracción de combustible, de alrededor de 15 mil 300 millones de pesos.

Se creó un apartado de sanciones penales que van desde los cuatro años como mínimo hasta un máximo de 60 años, multas económicas que van desde los 15 mil hasta los 75 mil días de salario mínimo vigente.

La sanción más alta se detalla en el artículo 18, en el cual se precisa que se aplicarán de 40 a 60 años de prisión y multa de 65 mil a 75 mil días de salario mínimo vigente, a quien realice intencionalmente por cualquier medio actos de terrorismo en cualquier instalación de asignatarios, contratistas o permisionarios y otras pertenecientes al ramo de la industria de los hidrocarburos.