La Armada de México tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas en noviembre de 2013, debido a la grave inseguridad, la exportación ilegal de minerales y la corrupción generada por la presencia del grupo delictivo Los caballeros templarios.

En una acción coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la primera decisión del alto mando naval fue designar al contralmirante José Luis Corro Chávez capitán de puerto, y al vicealmirante Jorge Luis Cruz Ballado, director de la Administración Portuaria Integral (ambos en el servicio activo) para enfrentar esa problemática.

El pasado miércoles por la noche, el contralmirante Corro Chávez murió acribillado cuando se transportaba en su camioneta, sin escolta, a pesar de la responsabilidad que tenía y por estar comisionado directamente por órdenes del alto mando naval.

Oficialmente, la Armada de México informó ayer que su muerte se debió a ‘‘un asalto’’ y que ‘‘para consumar el robo del vehículo abrieron fuego en su contra’’. La dependencia expresó que fue un ‘‘marino ejemplar que dejó constancia de su entrega y servicio a nuestra nación’’.

Por su lado, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, declaró que se trató de un delito del fuero común y que no fue ninguna reacción del crimen organizado por la reciente detención de Servando Gómez, La Tuta.

Rubido señaló que elementos de la Policía Federal detuvieron a dos presuntos homicidas del contralmirante, quienes huían tras acribillar al mando naval para robarle su vehículo cuando llegaba a su domicilio en compañía de su familia. Ahí fue asesinado por resistirse al asalto, insistió el comisionado.

Gracias a los resultados obtenidos en Lázaro Cárdenas durante la gestión del almirante Corro contra el crimen organizado, la SCT y la Armada acordaron que la capitanía de puerto y las Administraciones Portuarias Integrales fueran encabezadas por altos mandos de la Armada de México para garantizar la seguridad de las instalaciones y el libre tráfico de mercancías.

El ahora ex comisionado federal de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo en marzo de 2013 a la agencia Ap que la minería había pasado a ser la principal fuente de ingresos de Los caballeros templarios y que ese cártel cobraba cerca de 15 dólares por cada tonelada exportada, además de presionar a dueños de concesiones mineras para que otorgaran documentación que avalara el material y pudiera entrar a la zona portuaria para su exportación a China.

Hace unas semanas, la Secretaría de Economía informó que se reanudaba la exportación de minerales a través del puerto de Lázaro Cárdenas, gracias a las acciones que se llevaron a cabo en contra del crimen organizado, en las que, por cierto, el contralmirante José Luis Corro Chávez fue pieza fundamental.