Madrid.

Una de las piezas de la mayor trama de corrupción político-empresarial en la historia reciente de España, el caso Gürtel, entró en su fase final con la apertura del juicio oral y la conclusión de una investigación policial que ha puesto en evidencia las prácticas fraudulentas y criminales del conservador Partido Popular (PP, en el poder central).

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputó a 40 personas, a quienes fijó una fianza que suma 449 millones de euros; a Luis Bárcenas, quien fue tesorero del PP durante dos décadas, le impuso fianza de 88 millones de euros. Pidió una caución civil de 245 mil euros al PP como ente jurídico, en un hecho gravísimo e inédito.

La trama Gürtel operó en Madrid, Valencia, Islas Baleares, Murcia, Castilla y León y Galicia entre 1999 y 2005. Empresarios, políticos y funcionarios implicados pagaban comisiones o mordidas a alcaldes, presidentes autonómicos, diputados o senadores, a cambio de contratos de obra pública, y también se comprometían a financiar actos de campaña del PP, además de alimentar los fondos secretos del partido.

Una de las principales piezas de la investigación es la que se refiere a la doble contabilidad del PP durante décadas, en la que se manejaron fondos millonarios para pagar sobresueldos a sus dirigentes y financiar campañas al margen de la ley en una época en la que el PP tenía mayoría absoluta y gobernaba España con mano de hierro, bajo la dirección del ex presidente José María Aznar. La investigación reveló supuestos pagos de sobresueldos ilegales al actual mandatario, Mariano Rajoy, que los recibía en su despacho y escondidos en una caja de puros.

Después de cinco años de investigación, finalmente se cerró una de las piezas relacionadas con el caso Gürtel que se centra en Madrid, e incluye, entre otras cosas, la presunta reforma de la sede central del PP con dinero negro, y el origen y la naturaleza de las cuentas bancarias en Suiza descubiertas al ex tesorero Bárcenas, quien está en libertad bajo fianza.

Entre los imputados figuran además el empresario Francisco Correa, los ex alcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, los ex líderes del PP Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchis, Alberto López Viejo, Pablo Crespo, Carlos Clemente y Jesús Merino. También fijó una fianza de carácter civil, al señalarla como partícipe a título lucrativo a la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, quien dejó el cargo hace unos meses.

La defensa tiene un plazo para presentar alegatos, si bien la fecha para el juicio no se ha fijado. Se prevé que se celebre en 2016, previsiblemente después de las elecciones generales de finales de año.