Guanajuato, Gto.

El gobierno del estado obstruye la justicia al no investigar 900 denuncias penales contra la ex directora de la Caja Popular Progresa de Dolores Hidalgo, Lidia Arvizu, quien defraudó a 6 mil socios que tenían 600 millones de pesos depositados, aseguró la representante de los afectados, Mary Carmen Soria Narváez.

En el informe de gobierno del mandatario panista Miguel Márquez Márquez, la mujer se plantó en el acceso al auditorio del estado con una cartulina que decía: Guanajuato no va por el camino correcto. Está herido por la corrupción.

Acusó a la administración estatal de proteger a Arvizu a pesar de que lavaba dinero y cometía triquiñuelas con el dinero de los socios, lo que ha reconocido, dijo, el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Héctor García Cerrillo.

Soria Narváez aseguró que funcionarios estatales se han reunido con Arvizu para elegir el despacho que auditará a la Caja Popular Progresa, sin tomar en cuenta a los defraudados.

No hay justificación legal ni política para que negocien con la ex directora de la Caja Progresa; hay 900 denuncias penales desde junio pasado y no han actuado. Nos queda claro que están coludidos, recriminó la representante de los 6 mil timados.

Agregó que los socios aún desconocen cuál fue el motivo real de que la Caja Popular Progresa de Dolores Hidalgo se declarará sin fondos.

En septiembre de 2010, Arvizu, entonces directora de la financiera, fue arrestada y pasó dos años en la cárcel acusada de secuestro, recordó Mary Carmen Soria. Pasaron cuatro años y ninguna de nuestras autoridades hizo algo. Vemos que pasan los meses y no proceden las denuncias penales, reprochó.

Dio a conocer que, según el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en las cajas Acremex, 30 de Agosto, Progresa y otras cuatro hay 72 mil personas que perdieron su patrimonio.