Estudiantes normalistas y dirigentes del magisterio disidente de la sección 22 de Oaxaca se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir la entrega de 920 plazas docentes para egresados de las 11 normales de la entidad.

También rechazaron los posicionamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) sobre la asignación de plazas en la entidad.

Integrantes de la dirigencia estatal del magisterio disidente informaron que en el encuentro en el palacio de Covián insistieron en que se respeten los usos y costumbres que se aplican en la entidad para otorgar los ascensos escalafonarios, así como los acuerdos políticos suscritos con el gobierno federal.

Entre los temas abordados se incluyen las convocatorias para la promoción a puestos de director, subdirector y supervisor de secundaria, publicadas el 13 de febrero, cuyo proceso, aseguró el gobierno estatal, no se llevó a cabo, luego de que el INEE advirtiera que no serían válidos debido a que violaban la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE.

Tras realizar una marcha del Monumento de la Revolución a las instalaciones de la dependencia federal, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) insistieron en que se otorguen los ascensos.

Por la tarde, informaron que se avanzó en el reconocimiento de salario a miles de docentes, pues se acordó que los 2 mil 150 movimientos que se han generado en las mesas administrativas de la entidad deberán verse reflejados en la quincena cinco del año (15 de marzo).

Los inconformes exigieron también la entrega de talones de pago a quienes cobran por transferencia electrónica. Además denunciaron que los cheques entregados la pasada quincena a jubilados fueron emitidos sin algunas firmas que se requieren para su cobro inmediato.

Los maestros anunciaron que habrá nuevas acciones de protesta el 10 de marzo para exigir la libertad de los presos políticos, revisión de los procesos penales ante la Procuraduría General de la República y revisión a sus condiciones generales de trabajo.

Demandan aprobación ya de la ley estatal de educación

Oaxaca, Oax.

Profesores de la sección 22 tomaron diversas plazas comerciales y dos gasolineras para exigir la aprobación de la ley estatal de educación y también para dar cobertura a la mesa nacional de negociación que mantiene la dirigencia de la coordinadora con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Efraín Picasso Pérez, integrante de la comisión política de la gremial, señaló que en la sección 22 están decididos a no dejar pasar más tiempo, ya que desde septiembre fue entregada la iniciativa de la ley; sin embargo, los dipu­tados hasta ayer solamente se han dedicado a mantenerla en la congeladora, pues se han negado a discutirla y aprobarla pese a que ya existía ese compromiso. La toma de Sam’s Club, Walmart y una gasolinera, así como de una sucursal de Office Depot, se inició a las 8 horas y culminó a las 16 horas.

El mentor agregó que los profesores se han mantenido trabajando en el Plan para la Transforación de la Educación de Oaxaca (PTEO), el cual pretende mejorar distintos tópicos, como el alimenticio y la infraestructura, entre otras cosas.

Expuso también que la sección 22 presentó en la mesa nacional la exigencia de que otorguen más de 900 plazas automáticas para los alumnos que egresarán en julio de las 11 escuelas normales que existen en la entidad, para que el gobierno federal contrate de manera inmediata a los estudiantes, quienes cumplieron una semana de paro de labores.

Con respecto a las declaraciones del gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, quien afirmó que no se violará la ley y por lo tanto no habrá plazas automáticas, pues eso dice él, pero ya la CNTE demostró que así decían con los normalistas a los que ya se les dio la plaza automática y ya se les dio. Además dijo que si el gobierno busca confrontación, la sección 22 está lista para lo que venga.

Refirió que se ha exigido al gobierno federal que se termine con la criminalización de la protesta social, ya que no es posible que en la actualidad por el simple hecho de que la gente se manifieste sean tachados de revoltosos, pues, dijo, esa no es la realidad, sino solamente pretenden defender sus derechos ante las injusticias que se están presentando por todo el país.

(Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsal)