La mayoría de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, que facilita la privatización del suministro e infraestructura en todo el país y que incluso declara de interés público la participación de concesionarios y organismos privados que prestarán el servicio público.

La legislación, que esos partidos pretenden votar en la sesión de hoy, también considera de utilidad pública la infiltración artificial o la disposición de aguas al suelo o subsuelo, así como su uso industrial, definiciones que, en opinión de PRD y Morena, abren el uso del líquido para la extracción de gas mediante la fractura hidráulica o fracking.

Con esa ley, el capital privado podrá participar en extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas del líquido. También avala la figura de trasvase de una cuenca, como ya ocurre con el proyecto Monterrey VI para llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, entregado a Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, aun cuando la Ley de Aguas Nacionales prohíbe la disposición de obras.

Diputados de PRD y Morena objetaron la premura con la que las comisiones de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos aprobaron una iniciativa firmada por PRI, PAN y el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade.

La propuesta, que fue negociada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la participación del presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal (PRI), incluye todo un capítulo para la intervención de empresas a las que esa dependencia otorgará las concesiones.

Avala, por ejemplo, que la Conagua celebre contratos de obra pública y de servicios a particulares para el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, mediante la modalidad de inversión recuperable.

Este modelo incluye otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta. Además, entregará contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener dicha infraestructura y coordinar el otorgamiento de las concesiones con los gobiernos de los estados.

Mientras las comisiones aprobaron que el mínimo vital para consumo diario por persona es de sólo 50 litros, no existe un límite definido para el uso industrial o el fracking.

Manuel Huerta y Gerardo Villanueva, de Morena, y Víctor Manuel Bautista y Javier Orihuela, de PRD, cuestionaron que el presidente de la Comisión de Agua Potable, Kamel Athie (PRI), envió la propuesta de dictamen durante la madrugada y le pidieron, al igual que a Gaudiano Rovirosa, excusarse de la aprobación del documento ante el probable conflicto de intereses personales que podrían enfrentar.

Ninguno de los dos aceptó la petición, pero más tarde el perredista aprovechó que sus compañeros abandonaron la reunión para eludir la votación posterior. Incluso argumentó que no se prestaría a una reforma como ésa, a pesar de que suscribió la iniciativa impulsada por el gobierno federal y participó en las negociaciones con la Conagua.

Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la iniciativa fue para buscar legalizar el trasvase del proyecto Monterrey VI, donde Grupo Higa participa con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que, por primera vez, un grupo de empresas privadas participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable, cuyo costo es superior a 45 mil millones de pesos.