En el contexto de la presentación del informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los representantes de Amnistía Internacional (AI), del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtieron a los legisladores que aún hay pendientes que deben atender, como las leyes de desapariciones forzadas de personas y la de tortura.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con el Senado en la elaboración de las leyes generales en materia de desaparición forzada y sobre tortura, ‘‘ya que esto contribuiría a fortalecer las bases para enfrentar esos problemas, además de cumplir con los compromisos contraídos con organismos internacionales’’.

En la vieja casona de Xicoténcatl, los representantes de esos organismos nacionales e internacionales subrayaron que México atraviesa por ‘‘una alarmante crisis en materia de derechos humanos que pone en riesgo la democracia’’. Por ello, hicieron un llamado a los senadores a que se reconozca esta realidad y se legislen leyes contra la desaparición forzada, la tortura, de controles civiles sobre los militares y para desmilitarizar la seguridad pública, entre otros temas.

Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, reconoció que las organizaciones civiles ‘‘hemos encontrado en el Senado un interlocutor genuino en donde se crea un espacio de diálogo y se escuchan verdaderamente las propuestas de la sociedad’’.

Sin embargo, puntualizó, desafortunadamente la democracia mexicana, que tantos años y tanto esfuerzo ha tomado construir, ‘‘está en riesgo porque no hay una democracia que pueda sobrevivir con 23 mil personas desaparecidas, un aumento en la tortura de 600 por ciento en los últimos 10 años, un país donde ocho de cada diez mujeres migrantes sufren violencia o donde la cifra negra del delito alcanza números tan altos como 93.8 por ciento’’.

Previno que esta crisis de derechos humanos no se resolverá volteando la mirada, reaccionando de manera defensiva ante la crítica, ni con el paso del tiempo. ‘‘El país requiere que los senadores se comporten como estadistas y no como políticos; que reconozcan la magnitud de la crisis de derechos humanos en la que estamos enfrascados’’.

En tanto, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de reconocer que ha habido avances en las leyes que ha aprobado el Congreso –como la reforma constitucional en derechos humanos de 2011– aseveró que ‘‘los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y el lacerante fenómeno de las desapariciones forzadas, tienen pendiente impulsar una respuesta legislativa integral en los términos por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU’’.

Por su parte, Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, manifestó que si no se reconoce la dimensión del problema de las desapariciones en México, como un primer paso para resolverlo, no se van a adoptar las medidas que conduzcan a su solución, de ahí que ‘‘lo primero es reconocer la dimensión del problema, no rechazarlo como si se tratara de un ataque a la nación, porque no lo es’’.

En su intervención, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, reconoció que existen temas que están pendientes, como las leyes generales en materia de desapariciones forzadas de personas y para sancionar la tortura.