Al continuar las audiencias públicas sobre la Ley General de Transparencia, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Ximena Puente, subrayó ayer que el organismo en forma alguna aspira a arrogarse facultades que no le corresponden ni invadir atribuciones de otras autoridades especializadas.

Ello en respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual, la víspera, defendió en el Senado que debe ser este órgano el que califique las violaciones a derechos humanos de graves y no el Ifai. Puente subrayó que ante atropellos graves a garantías humanas y delitos de lesa humanidad, no es suficiente que en la Ley General de Transparencia se replique el principio de máxima publicidad, el cual está previsto en la Constitución.

Agregó que la labor del Ifai se circunscribe a determinar si se brinda o no acceso a datos, y nunca a establecer quiénes son los responsables y si éstos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves. Lo que pretende el instituto es salvaguardar el derecho al acceso a la información para que en los casos que agravien a la sociedad, ésta siempre encuentre la verdad de lo acontecido, que sean los hechos los que hablen y no las autoridades.

En tanto, Adriana Labardini, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), pidió en el Senado que se garanticen las causales de confidencialidad y reserva previstas en la Ley Federal de Competencia Económica, pues de lo contrario, advirtió, con un buen ánimo de acceso a la información podemos hacer nugatorios los procesos para investigar prácticas anticompetitivas, monopólicas o concentraciones ilícitas.

A su vez, el representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios, se pronunció por que el proceso legislativo atienda la recomendación de preservar los avances de acceso a datos.

En su opinión, sería pertinente que el nuevo ordenamiento preserve la facultad del Ifai de pronunciarse si está o no ante una información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, sin estar condicionada dicha atribución a pronunciamiento previo de alguna otra autoridad competente.