La comisión de la Cámara de Diputados que investiga la presunta triangulación de recursos a la campaña presidencial de 2012 no puede ser desaparecida aún, porque en su informe final dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el probable uso de fondos ilegales y los nombres de quienes habrían participado en el movimiento de fondos con monederos electrónicos de Banca Monex, explicó el perredista Roberto López Suárez.

El presidente de la comisión investigadora señaló, al inicio de la sesión de ayer, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere incluir esa instancia en la lista de comisiones especiales que desaparecerán, con el pretexto del recorte de gastos.

Sin embargo, dijo, ese grupo de trabajo no ha recibido apoyos financieros para su operación, por lo que no se justifica su disolución por cuestiones de austeridad.

En ningún momento la comisión Monex ha recibido presupuesto de la cámara; por lo tanto, alerto a los diputados de oposición para que no permitamos que desaparezca la comisión, que está convocada para sesionar este miércoles, expuso desde su curul.

Luego, en entrevista, López Suárez explicó que aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya cerró el caso y exoneró al presidente Enrique Peña Nieto por el uso irregular de fondos en su campaña, el expediente sigue abierto en la Cámara de Diputados.

Incluso, en su resolución, los magistrados ordenaron al Instituto Nacional Electoral aplicar medidas para prevenir el uso de monederos electrónicos en las campañas, explicó.

Abundó que el fallo del tribunal tiene sólo implicaciones legales, pero no cierra las de carácter penal. No quiere decir que habrá impunidad, porque la comisión ha identificado 26 distintos plásticos, facturas y gastos de campaña que ascienden a 4 mil 900 millones de pesos, casi 13 veces más que el tope, recordó.

Informó que en la sesión prevista para hoy, la comisión presentará un análisis para rebatir, punto por punto, las conclusiones del TEPJF, el cual –abundó– se contradice en los montos utilizados en las tarjetas electrónicas con las cuales se pagó a los operadores políticos del PRI.