Abogados de familiares de los 72 migrantes ejecutados en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, que no han tenido acceso a las averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República (PGR) por ese caso, presentaron quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el Estado mexicano ha violado reiteradamente el derecho de las víctimas a tener un debido acceso a la justicia.

Otros abogados esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si un particular ajeno a las partes puede tener acceso a esa averiguación, informaron litigantes cercanos al tema.

Recientemente, la primera sala de la SCJN ejerció la facultad de atracción sobre un amparo en revisión promovido por un particular contra la negativa de la PGR a proporcionar la información, conforme a la Ley de Transparencia.

En respuesta a las solicitudes de información, la PGR señaló que no podía dar acceso a dicha averiguación, ya que por disposición legal la misma tiene el carácter de reservada.

La solicitante de la información formuló a la SCJN la solicitud para que atrajera la revisión de un amparo y la ministra Olga Sánchez Cordero planteó ayer aceptar el expediente, propuesta que avalaron sus colegas de la primera sala.

Respecto de la queja ante la CIDH, los abogados que representan a familiares de algunas de las víctimas de San Fernando consideran violados sus derechos humanos porque no han podido tener acceso pleno a las constancias de la averiguación previa.