on una premura digna de mejores causas, el Senado ratificó ayer la propuesta peñista de una nueva procuradora federal de justicia. A pesar de las evidencias de su desconocimiento práctico de la delicada área que ahora se le encarga, y de su pertenencia a un grupo empresarial dominante y expansivo, el de Televisa, 106 senadores se acomidieron a votar en favor y al vapor (contra cinco voluntades adversas y tres en abstención) para así poner rápido fin a cualquier signo de entrampamiento analítico y político de la muy trascendente y peligrosa propuesta de Los Pinos, que en el fondo es una cesión y una claudicación del interés público en pro de la pantalla máter de Enrique Peña Nieto.

El relampagueante proceso de confirmación de Arely Gómez González Blanco al frente de la PGR no tendrá consecuencias solamente en lo que resta del sexenio del ex gobernador mexiquense. En los hechos, los veloces senadores acríticos de ayer autorizaron la envenenada transexenalidad, disfrazada de autonomía, que permitirá a Peña Nieto y a Televisa (sobre todo a ésta, pues su poder va más allá de las figuras circunstanciales que habiten Los Pinos) mantener el control de lo que en unos meses se denominará fiscalía general de la nación y tendrá una duración de nueve años, con etiqueta de inamovible.

Es decir, el siguiente presidente de la República, sea del partido que sea, habrá de entendérselas con esa fiscalía suprema (Televisa-PRI-Peña Nieto), a cuyo titular no podrá remover fácilmente y, en caso de hacerlo, podría toparse con un freno proveniente de dos terceras partes de los integrantes de la correspondiente Cámara de Senadores. La imposición de tamañas limitaciones al accionar del futuro titular del Poder Ejecutivo de la Federación se ha presentado en envoltorios impecables, doctrinalmente plausibles, modernistas como pocos. Se busca que el responsable de esa fiscalía sea autónomo y que su garantía de permanencia en el puesto lo sea a la vez de la independencia de la procuración de justicia con respecto a los poderes públicos y especialmente con respecto al Ejecutivo federal, como dijo ayer el panista Roberto Gil a la hora a dar a conocer en tribuna el dictamen de la Comisión de Justicia del Senado en apoyo de Gómez González Blanco.

Pero, en realidad, para asegurar las mencionadas condiciones ideales de autonomía e independencia, los senadores decidieron permitir que Enrique Peña Nieto propusiera como titular de la PGR, que luego lo será de la FGN, a una abogada sin experiencia en asuntos específicos de esa área (no ha sido ni siquiera agente del Ministerio Público local), con un paso polémico por la administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (no ha sido juez, magistrada ni ministra, sino particularmente administradora con sentido grillo, de relaciones públicas y promociones políticas, tras el complaciente Mariano Azuela) y que llegó a ser senadora sin haber ocupado antes otro cargo legislativo ni de gobierno ni tener historial de actividades priístas (incluso habiendo sido propuesta en 2010 por el propio PRI como aspirante a consejera electoral del IFE arguyendo un falso perfil ciudadano, independiente, de la misma abogada Gómez).

Falta aún la aprobación de las leyes reglamentarias de esa autonomía de la FGN y la declaratoria oficial del Congreso de la Unión de que entra en vigor dicha autonomía, lo que podría cumplirse en unos cuantos meses más. Los partidos de oposición aún presionarán para conseguir beneficios en las negociaciones del caso, pero el golpe fundamental está dado para instalar en vías de esa transexenalidad envenenada a una pieza perteneciente al tablero de Peña Nieto, el PRI y Televisa.

Mañana se cumplirán las formalidades legislativas inherentes a la designación de la otra parte escandalosa del combo diseñado por la firma Los Pinos-Chapultepec 18 (se usa esta dirección de Televisa como santo y seña no porque en ella estén las oficinas centrales del consorcio, ubicadas en realidad en Santa Fe, sino porque en el edificio adjunto al Metro Balderas están los foros de los programas noticiosos que constituyen el principal activo político de la empresa). Si todo se realiza conforme al itinerario, la votación en favor y al vapor se dará este jueves en pro de Eduardo Medina Mora, en un proceso desaseado de una terna de uno, el citado embajador de México en Estados Unidos, aunque se está usando con signos de maltrato profesional a dos falsos competidores más que sí tienen carrera judicial (el propio Peña Nieto ha hecho en estos días una inductiva y significativa defensa de su cuate, Medina Mora, por si alguna duda hubiera del apoyo oficial sólo a EMM).

Las prendas de EMM para ser ministro de la Corte son no sólo inexistentes sino contrarias a ese propósito. No tiene experiencia en asuntos del Poder Judicial, ha estado asociado a peligrosos intereses empresariales y políticos extranjeros a través del Grupo Carlyle, desmanteló y degradó al Cisen, fue corresponsable de represiones en Atenco y Oaxaca como secretario foxista de seguridad pública, participó en el diseño de la guerra contra el narcotráfico a instancias estadunidenses como procurador calderonista de justicia y luego se refugió en embajadas de lujo, en Washington y Londres, de donde ahora vuelve para que Peña Nieto y Televisa lo hagan ministro y luego probablemente presidente de la Corte (ha tenido relaciones políticas y empresariales con la televisora a través de su amigo Bernardo Gómez, vicepresidente de la empresa, y de Alejandro Quintero, comercializador que entre otros clientes a promover tuvo al entonces gobernador Peña Nieto).

De visita en el Reino Unido, el mismo EPN podrá asegurar a inversionistas deseosos de entrar al negocio energético que habrá una transexenalidad controlada en áreas básicas para garantizar seguridad a esos capitales, con una procuraduría, luego fiscalía, concesionada a Televisa y una Corte en vías de ser abiertamente manejada por Peña Nieto y Televisa a través de Medina Mora. ¡Hasta mañana, mientras las protestas acompañan al mexiquense a toda gira!

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