Los condóminos del centro comercial Tulyehualco enfrentan no sólo una caída en sus ventas de más de 50 por ciento, por el cierre del tramo elevado de la línea 12 del Metro, sino la imposición de un administrador por grupo Walmart, que no está reconocido por la Procuraduría Social, y que renta áreas comunes a vendedores ambulantes y artesanos y demanda pagos exorbitantes por la prestación de servicios.

Jaime Ortega Zaldívar, presidente del comité de vigilancia, denunció que desde el año pasado se tiene un contrato de prestación de servicios a todas luces viciado, pues quien contrata la administración de Nuevo Walmart de México, antes Zama, no es el centro comercial, sino la empresa, representada por Carlos Zanetta, quien le otorga el doble de sueldo al autorizado en la asamblea general de condóminos.

El pasado 19 de febrero, la delegación Iztapalapa informó que, tras una búsqueda exhaustiva en su archivo, no encontró administrador vigente, aunque éste, de manera unilateral, determinó la renta de 70 cajones de estacionamiento, de un total de 210, a artesanos y comerciantes ambulantes, que significan competencia desleal para los ocupantes de la plaza y ahuyenta a la clientela, señaló.

Dichos problemas de corrupción, precisó, fueron dados a conocer al presidente ejecutivo de Walmart México, Scott Rank, así como al vicepresidente de Bodega Aurrerá, Ricardo Valdespino, en un escrito en junio del año pasado, sin obtener respuesta, por lo cual, advirtieron, interpondremos demandas civiles y penales contra quien resulte responsable del daño económico y patrimonial que enfrentamos, advirtió.

El presidente ejecutivo de Walmart México, Scott Rank, no les ha dado respuesta, señalaron condóminos del centro comercial TulyehualcoFoto La Jornada

Acompañado de Mauricio Moya y Efraín Robles, condómino y asesor jurídico del comité de vigilancia, respectivamente, explicó que Bodega Aurrerá ocupa 49 por ciento de la superficie, por lo que grupo Walmart ha impuesto su poder en las asambleas, aun cuando la nueva administración no está protocolizada, no rinde cuentas y carece de un presupuesto de gasto aprobado.

Tal situación ha provocado que nos cobre lo que quiera y nuestro supuesto adeudo ascienda a 750 mil pesos, cuando la anterior administración dejó un fondo cercano a 5 millones de pesos, desatando una ola de amenazas de que nos quitarán nuestros locales, de no pagar, cuando no hay transparencia en los gastos. Walmart no es dueño de nuestro patrimonio y vamos a pelearlo donde sea, afirmó.

La presencia de gente armada en las asambleas de condóminos, que acompañan a los representantes de la firma trasnacional, ha sido una forma de amedrentarnos, de imponer su voluntad, con miras a que nos vayamos, como ha sucedido con 15 locatarios, porque les estorbamos, y tengan espacio para instalar más franquicias, como pretendían, encima de una cisterna, lo cual se paró, comentó.

Por ello exigimos a Walmart firmar un contrato donde se haga responsable de todos los problemas jurídicos y financieros que ha traído la imposición de una administración ilegal, que no existe en los hechos pero exige pagos y amenaza, viola el uso de suelo y las medidas de protección civil, y renta las áreas comunes para beneficio propio.