Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por el voto directo de los ciudadanos, ya que dejar su designación al Ejecutivo federal ha llevado al máximo tribunal del país a plegarse sistemáticamente a la voluntad del presidente de la República, advirtió el senador Manuel Bartlett, quien presentó ya una iniciativa para reformar la Constitución en ese sentido.

Dijo que en este momento, en que el presidente Enrique Peña Nieto pretende imponer como ministro a Eduardo Medina Mora, se debe discutir si se quita esa factultad al Ejecutivo y al Senado, ya que la misma vulnera la división de poderes.

De continuar con ese método para designar a los ministros, insistió, la Corte seguirá siendo correa de transmisión de los intereses, deseos o ideología del presidente en turno, lo que impide y limita la labor de vigilancia y control del Poder Judicial al Ejecutivo.

Bartlett recalcó que no son especulaciones, sino de hechos concretos. Puso como ejemplo la decisión de rechazar las consultas ciudadanas sobre la reforma energética, porque así convenía a los intereses del Presidente.

De esta forma, no existe posibilidad alguna de que la Suprema Corte decida en contra de los designios de Peña Nieto.

Su iniciativa propone reformar los artículos 95, 96, 98, 99 y 101 constitucionales, a fin de que los ministros de la Corte y los magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación sean elegidos por voto directo de los ciudadanos.

En la exposición de motivos, resaltó que en las constituciones de 1824, 1827 y en la de 1917 existen precedentes sobre la elección democrática de los funcionarios del Poder Judicial y fue hasta enero de 1928 cuando el entonces presidente Álvaro Obregón impulsó una reforma al artículo 96 constitucional para que el Ejecutivo y el Senado intervinieran en el nombramiento de los ministros.

El coordinador del PT en el Senado señaló que se trató de una reforma centralista, que sirvió para vulnerar el principio de división de poderes y concentrar desmesuradamente las potestades del presidente de la República.

Bartlett recalcó que en el mundo entero hay una fuerte discusión académica y política sobre la legitimidad democrática de los jueces. ¿Por qué el Poder Judicial, que no es producto de una elección popular, puede invalidar una ley emanada del Legislativo?

Su iniciativa propone que sea el Instituto Nacional Electoral (INE), el que organice la elección de los ministros de la Corte. Los candidatos serán propuestos por universidades y organizaciones no gubenamentales; el instituto aplicará un examen y los cinco que obtengan la calificación más alta son los que participarán en el proceso comicial.

En su propuesta, se regresarían a la Cámara de Diputados las facultades que tenía antes de la reforma de Obregón, ya que intervendrá cuando falte algún ministro por defunción o causa grave, a fin de nombrar a quien concluya el periodo del ausente.

Un argumento que no puede rebatirse, recalcó Bartlett, es que si el Legislativo se origina en la voluntad de los ciudadanos, por qué someter al Judicial a los caprichos de la política y a la subordinación a los otros dos poderes.