La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la posibilidad de que sea tomada en cuenta su opinión de rechazo a la construcción de un proyecto turístico en el municipio de La Huerta, Jalisco, que carece de un estricto sustento técnico científico en materia de impacto ambiental y que afecta la integridad y el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala, los ecosistemas de la región, así como de otras áreas naturales protegidas cercanas.

A partir de consideraciones jurídicas, como que la UNAM no se inconformó en el plazo establecido (15 días) que concede el artículo 176 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en contra del proyecto de impacto ambiental que presentó la empresa Imagen y Espectáculos de Lujo, SA de CV, y que la queja de la máxima casa de estudios al respecto ya fue atendida.

En los hechos, la segunda sala de la Suprema Corte avaló el proyecto que prevé urbanizar 256 hectáreas y construir mil 25 cuartos de hotel, villas y bungalows; infraestructura de apoyo para el tratamiento de aguas residuales, vialidades y la marina (dársena, canal de navegación y espigones).

Según la empresa, la construcción de obras implicaba 10.81 por ciento del predio, quedando 225 hectáreas (86.7 por ciento) como área de conservación de la superficie total.

La segunda sala con su decisión dio por concluida la pretensión de que la opinión de la máxima casa de estudios fuera tomada en cuenta.

El 22 de noviembre de 2006, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto “La Huerta (antes Marina Careyes), localizado en los terrenos contiguos a la Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala y un grupo de investigadores del Instituto de Biología, Instituto de Ecología y Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM realizó un análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El análisis de los especialistas universitarios concluyó que el proyecto carecía de un estricto sustento jurídico, ya que la información contenida en la MIA sobre la diversidad y estado de conservación de las especies de flor y fauna de la región es incompleta, por lo que el diagnóstico sobre la importancia biológica de la zona no es veraz. Más grave es que tampoco se identifican ni manifiestan los impactos ambientales potenciales que tendría la obra, por tanto, no se determinan las acciones concretas para evitar o atenuar tales impactos.

El análisis de la UNAM “demuestra que el proyecto, tal como fue planteado y aprobado, tendrá serios impactos para la integridad y el funcionamiento de la Reserva de la Biósfera de Chamela-Cuixmala, por lo que exhortaba a la Semarnat a verificar si la autorización del proyecto respetó la normatividad.