La ciudad de México enfrenta déficit de 200 mil viviendas, lo que ha provocado la expulsión anual de igual número de personas hacia la periferia, quienes invierten entre dos y tres horas para trasladarse, señaló Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Al anunciar la segunda edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2015, que se realizará del 6 al 10 de marzo en el Centro Histórico, dijo que se requiere una nueva norma que impulse la construcción de vivienda de interés social y popular, pues la oferta de 5 mil viviendas al año entre el Instituto de Vivienda y los desarrolladores privados, no cubre la demanda y sí aumenta el rezago.

Se trata, dijo, de evitar que la gente más necesitada siga siendo expulsada a la periferia o se asiente en suelo de conservación, zonas de riesgo o humedales.

Consideró que llevará un rato ponernos al corriente en la materia, por eso la urgencia de tener una norma suficientemente clara para evitar abusos, como sucedió con la 26. Estamos en un proceso de reflexión con los grupos involucrados para contar con una norma que nos deje a todos un poco cómodos.

Precisó que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tiene en resguardo 89 folios con más de 300 viviendas –la semana pasada el titular del organismo, Miguel Ángel Cancino, señaló que erán más de mil 600– para contrarrestar el mal uso que se dio a la norma 26. Respecto del nuevo ordenamiento que se elabora, dijo que continúan los borradores de discusión, pero existen acuerdos en cuanto a que las penalidades sean más severas.

Las normas en general buscan regular conductas en distintos ámbitos de la vida de la ciudad, pero ante esta actitud irresponsable y el abuso que se hizo de esa norma, habrá penalidades muy, muy estrictas, además del aseguramiento de folios, advirtió el funcionario.

Desglosó que entre ellas está la obligación de que los notarios no hagan transmisiones de propiedad en un tiempo determinado, para que se respete el interés de los sectores social y popular y que actúe el Instituto de Verificación Administrativa. Asimismo, el aseguramiento de los inmuebles involucrados para que no sean escriturados, pues creemos que de esa manera se contrarrestará, aunque el reto adicional es definir dónde se aplica y dónde no, para dejar a todos muy tranquilos, explicó.

La discusión de la nueva norma continúa tanto en la Asamblea Legislativa como con los grupos del movimiento urbano popular, Asamblea de Barrios, académicos y los desarrolladores, escuchando sus opiniones.

Mencionó que la ciudad está en total transformación; ya no está creciendo, pero en la medida que no tenemos esa oferta de vivienda, se están yendo 200 mil habitantes al año a la periferia, por lo que se requiere de una política pública en la materia, y en eso se está trabajando.