La compra y coacción del voto es uno de los temas pendientes en el país, por lo que es urgente que se pongan en marcha medidas para regular la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. El retraso en la discusión de este tema en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no abona a la equidad de la contienda y pudiera afectar los principios rectores de este organismo, aseguraron consejeros electorales estatales y distritales.

En una carta enviada a los consejeros del INE, los funcionarios de diversos estados de la República resaltaron que en los procesos electorales han sido testigos de que los recursos públicos y programas sociales en ocasiones se utilizan para incidir en la contienda electoral; así que la discusión pospuesta el pasado miércoles en el Consejo General del INE no debe retrasarse.

Los argumentos que ese día se dieron carecen de fundamento jurídico y legítimo, señalaron. Como consejeros estatales y distritales conocemos las dinámicas y prácticas gubernamentales a escala local. Es una situación que exige de acciones para garantizar la imparcialidad.

El otro asunto pospuesto el pasado 18 de febrero es sobre la solicitud de apoyo y colaboración de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar que los programas sociales se lleven a cabo con apego a su objeto y reglas de operación y evitar su uso con fines electorales. No compartimos la decisión de posponer la discusión de tales temas, ya que su retraso no abona a la equidad de la contienda electoral en curso y pudiera afectar los principios rectores del INE, advirtieron los consejeros estatales y distritales.

La salida de siete de los diez representantes de partidos políticos del Consejo General y de los trabajos de las comisiones del instituto afecta la percepción que se tiene del INE, lo que a su vez, puede afectar la participación ciudadana en las urnas, así como al sistema de partidos que dejarían de ser vistos como la opción en la contienda electoral.