l pasado 16 de febrero se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996, en el marco del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, suspendido por los zapatistas siete meses después sin que el gobierno de Ernesto Zedillo hiciera nada por rencauzarlo. Más bien provocó la crisis con el incumplimiento a los acuerdos y el virtual sabotaje a la mesa sobre democracia y justicia. El espejismo del gobierno foxista pronto condujo a la imposibilidad de reanudar el diálogo ante la contrarreforma indígena de 2001, que se distanció de los históricos acuerdos en aspectos fundamentales.

Han transcurrido 14 años y tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto definieron la línea de aplicar el carácter de cosa juzgada sin abrir la posibilidad de otra reforma constitucional que enderece los entuertos. En cambio, las múltiples concesiones mineras y megaproyectos del anterior gobierno, y sobre todo el actual, que avanzó con reformas como la energética, plantean un desafío a la subsistencia misma de los pueblos indígenas. Ante ello los movimientos indígenas se rearticularon regionalmente con otros nuevos a fin de enfrentar la dinámica de conflictos desatados por la agresión a sus territorios. Por cierto, hay que destacar que el Estado no ha logrado cooptar al movimiento político indígena organizado. La decisión que anunció el EZLN tras la marcha del silencio, en diciembre de 2012, de reactivar vínculos con el Congreso Nacional Indígena (CNI) forma parte también de otra etapa del mismo movimiento, aún armado, en la cual se retoma la centralidad de la causa indígena, si bien no exclusiva en la agenda zapatista.

No se debe olvidar que durante casi 20 años el EZLN ha enfrentado la continuidad de la contrainsurgencia por diversas vías, pese a que está vigente la Ley para el Diálogo y éste se suspendió, pero formalmente no está roto. Dos décadas que encierran agravios ominosos, como el intento de desmantelar los municipios autónomos, la creación de grupos paramilitares, la impune masacre de Acteal, el divisionismo propiciado activamente mediante la zanahoria de los programas gubernamentales. Este factor debe tenerse presente cuando valoremos el proyecto autonómico de las juntas de buen gobierno en Chiapas, construido por el zapatismo a contrapelo del Estado.

El balance que ofreció la primera compartición EZLN-CNI en agosto de 2014 es muy significativo, pues los 29 espejos de despojo y movimientos de resistencia en curso fueron acompañados por un informe sobre criminalización que dio cuenta detallada de los asesinados, los desaparecidos, los presos, los perseguidos con orden de aprehensión y los casos de hostigamiento.

Tras una densa reconstrucción histórica señalaron: En la actualidad los capitalistas neoliberales, con el apoyo de todos los partidos políticos y los malos gobiernos encabezados por el criminal y jefe paramilitar Enrique Peña Nieto, están aplicando las mismas políticas de despojo a gran escala que aplicaron los liberales del siglo diecinueve, los carranzas o los obregones, apuntalándose en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadunidense, en aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo.

Y concluyeron que se reafirma el rompimiento del EZLN y el CNI con toda la institucionalidad: Nadie va venir a salvarnos, nadie absolutamente nadie va a luchar por nosotros. Ni partidos políticos, ni políticos, ni leyes, ni nada hay para nosotros. En síntesis, ofrecieron un fiel retrato de la política de Estado de reprimir antes que resolver y dar cauce a los conflictos. Este panorama nos muestra que la mira de la lucha de estos pueblos está en la defensa de sus derechos autonómicos y territoriales y al acercar la lupa a cada uno se puede observar que su resistencia se apoya en diversas estrategias. Algunos mantienen en jaque al Poder Judicial, a tribunales agrarios, y lamentablemente su experiencia demuestra que no se logran concretar los triunfos jurídicos, por lo que las vías de hecho se imponen.

Los acuerdos de San Andrés se convirtieron en el programa de los pueblos, que se expresa en la resistencia y estrategias de defensa y ni hablar de la razón de Estado que definió el suyo desde 2001 para ofrecer a los pueblos políticas asistencialistas, culturalistas que nada tienen que ver con la autonomía y la libre determinación. Por ello no respetan sentencias de la Corte a favor de la tribu yaqui ante la violación a su derecho territorial al agua sin pasar siquiera por el derecho a la consulta; por ello están presos Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria en Guerrero; Marco Antonio Suástegui, del consejo opositor a la construcción de la presa La Parota, y Mario Luna y Fernando Jiménez, de la tribu yaqui. Por ello los pueblos no esperan que se cumplan los acuerdos de San Andrés.