Madrid.

Expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron este lunes al Senado de España a rechazar dos proyectos de ley que, a su consideración, amenazan los derechos y las libertades fundamentales.

Los cinco especialistas emitieron una declaración en que expresan preocupación por las iniciativas sobre Ley de Seguridad Pública y el Código Penal, y exhortaron a España a adoptar medidas para garantizar los derechos y las libertades públicas fundamentales.

La declaración, emitida en Ginebra, expresa que la Ley de Seguridad Pública, conocida la ley mordaza infringe la esencia del derecho a la reunión.

El proyecto de ley propone la expulsión sumaria de inmigrantes que sean sorprendidos entrando ilegalmente a los enclaves españoles en el norte de África y multas hastra por 30 mil euros por manifestarse frente a edificios parlamentarios e instalaciones estratégicas.

Los expertos se hicieron eco de las críticas de los partidos españoles de oposición y grupos de derechos humanos, respecto de que las propuestas son un intento del gobierno conservador por amordazar las protestas por su manejo de la crisis económica.

Maina Kiai, experto de la ONU sobre derechos de libertad de reunión pacífica, dijo que la reforma restringe innecesaria y desproporcionadamente libertades básicas como el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión.

En referencia a los enclaves en el norte de África, la declaración señala que la reforma allana el camino para la deportación inmediata de personas que corren el riesgo de ser torturadas, algo contrario a los derechos humanos internacionales.

El grupo dijo que la ambigüedad de la reforma al Código Penal podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de las reuniones pacíficas.

Los proyectos de ley contemplan la posibilidad de condenas a cadena perpetua por delitos de terrorismo y tipifica nuevos delitos que cubren a extremistas que viajan para incorporarse al combate con grupos terroristas o que usan portales de Internet dirigidos a reclutar a tales personas.

Los expertos consideran que la definición de delitos de terrorismo y las cláusulas sobre la incitación o la justificación del terrorismo son muy vagas.

Las iniciativas se debatirán y posiblemente se enmendarán en el Senado en los próximos dos meses. La mayoría del gobernante Partido Popular en el Senado significa que lo más seguro es que no serán rechazadas.