En un foro organizado por la Red de Académicos por Ayotzinapa, padres y madres de los normalistas desaparecidos, defensores de los derechos humanos, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigieron al gobierno federal proporcionar al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que llegará al país el primero de marzo– las condiciones necesarias para efectuar su trabajo.

Posteriomente, en un mitin organizado por la Asamblea Interuniversitaria frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Melitón Ortega, padre de Mauricio, uno de los 43 desaparecidos, señalaron que el martes 24 de febrero los padres y madres de los estudiantes ausentes se reunirán con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para analizar no sólo la entrada al cuartel de Iguala, sino que la gendarmería reinicie la búsqueda de los nornalistas.

En entrevista, Rosales, representante legal de los paterfamilias, dijo que el encuentro se realizará en Acapulco y acotó que los familiares continúan la búsqueda, pero en condiciones riesgosas, por lo cual es necesario el apoyo de autoridades federales.

Por su parte, Melitón Ortega demandó que en la reunión también participen los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Jesús Murillo Karam, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Antes, en el foro, el sacerdote Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, insistió en que el grupo de expertos de la CIDH ‘‘debe tener todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo su trabajo sobre los esfuerzos de búsqueda, no sólo del gobierno federal, sino también de la sociedad, y para verificar la labor que ha hecho la PGR, todo esto para que haya verdad y justicia’’.

Subrayó que el caso ha estado plagado de ‘‘inconsistencias científicas, jurídicas y de procuración de justicia’’, por lo cual ‘‘no debe cerrarse el expediente y no quitar esta tragedia de la atención de la sociedad; tenemos que seguir pugnando por que aparezcan con vida’’.

Rosales coincidió en que el ‘‘Estado mexicano debe otorgar a los especialistas de la CIDH las mejores condiciones, porque si hay limitaciones, si se oculta información, van a limitar su misión’’. Confió en que las indagatorias de la comisión ‘‘abran la posibilidad de redireccionar la indagatoria, que se abran nuevas líneas de investigación y tener un ente confiable y objetivo que al interior esté monitoreando el curso del expediente’’.

Dolores González, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), resaltó que en este caso la realidad es que ‘‘no conocemos la verdad histórica, sino la verdad oficial que se construyó conforme a los tiempos políticos y a lo que es útil al Estado mexicano’’, y lamentó, al igual que Rosales y el sacerdote Miguel Concha, que ‘‘a nadie se ha consignado por desaparición forzada’’.

También subrayaron que no han sido detenidas tres personas que han sido consideradas claves en esta desaparición: ‘‘Felipe Flores, quien fue secretario de seguridad pública de Iguala; Francisco Salgado Valladares, ex director de seguridad pública, así como el llamado Cabo Gil, operador del grupo delincuencial Guerreros Unidos’’.

Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la UNAM, dijo que las pruebas del gobierno no confirman que los normalistas fueran incinerados, y criticó que no se haya tomado en cuenta la posible presencia de ADN en las camionetas en que fueron trasladados los normalistas, ya sea en sangre, sudor, cabellos o incluso piel.