Sociedad y Justicia
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De 2 mil 100 denuncias sólo 150 tuvieron sentencia, alertan

70 mil menores, víctimas de la explotación sexual en México

Acuerdan partidos evitar que dinero de ese ilícito se infiltre en comicios

 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de febrero de 2015, p. 42

En México, la trata de personas afecta a 70 mil niños y niñas que padecen explotación sexual, principalmente en estados vulnerables como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, destinos turísticos como Acapulco, Puerto Escondido, Cabo San Lucas y Cancún, así como la ruta de tránsito de migrantes.

De acuerdo con cifras oficiales, cada año 20 mil jóvenes y niños mexicanos son blanco del perverso turismo sexual en más de una veintena de entidades. Además, se trata de un delito impune y silencioso, ya que de 2 mil 100 averiguaciones sólo 7 por ciento (150) tuvieron sentencia condenatoria, indicaron dirigentes de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Verde Ecologista durante la firma de un convenio con la Comisión Unidos contra la Trata, en el que se comprometen a blindar sus procesos electorales a fin de evitar que se infiltren recursos provenientes de ese flagelo.

Señalaron que la trata de personas no se redujo, por el contrario, ha crecido y es el segundo negocio más redituable para la delincuencia organizada a nivel mundial, seguido del tráfico de armas o piratería, con ingresos calculados en 32 mil millones de dólares al año.

Estas actividades ilícitas, añadieron, se han visto favorecidas por la falta de homologación de la legislación vigente y la carencia de voluntad política para su combate, permitiéndoles a las mafias operar en la mayor impunidad.

Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, dijo que el convenio es valioso para combatir este problema, pues es un reclamo de la sociedad rescatar la dignidad humana.

También estuvieron presentes Luis Castro Obregón, de Nueva Alianza; Carlos Madrazo, secretario general del PVEM-DF, y Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, que agrupa a más de 85 organizaciones de la sociedad civil, y quien dijo que es lógico suponer que las bandas del crimen organizado, que cometen delitos relacionados con estas formas de esclavitud, busquen actuar a través de organizaciones políticas y de personas que les garanticen protección necesaria para la continuidad de la impunidad en que se encuentran.

Hizo un llamado al resto de los partidos políticos a firmar el convenio.