La indagatoria que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) y que ya generó órdenes de aprehensión contra 18 personas es el principio de una investigación profunda de las finanzas del gobierno del estado de Guerrero durante el mandato de Ángel Aguirre Rivero, revelaron mandos de la institución ministerial.

Las fuentes consultadas, que participan en el gabinete de seguridad nacional, refirieron que la Seido sí investiga al ex gobernador de Guerrero, y que la información enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), forma parte de una averiguación previa en curso.

Los funcionarios consultados informaron que de la averiguación previa consignada ante el juzgado quinto de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, se inició un desglose en el cual se investigan las finanzas del gobierno del estado de Guerrero durante el mandato de Ángel Aguirre Rivero, que abarcó de abril de 2011 a octubre del año pasado.

Los entrevistados señalaron que las autoridades de la SHCP han detectado que diversas cantidades de recursos federales destinados a obras públicas o que formaban parte del dinero que se aplica a programas de desarrollo social en coordinación con autoridades locales, fueron utilizados en cuestiones distintas a las presupuestadas, entre ellas, las obras a través de las cuales se desviaron los más de 287 millones de pesos por los cuales se inició acción penal en contra de familiares y amigos del ex gobernante.

De acuerdo con las investigaciones de la SHCP, él encabezaba la lista de ex funcionarios de Guerrero que debían ser acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con sus hermanos Carlos Mateo y Floriberto Rafael, así como su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, y su cuñada Ana María Zavala Barros.

Los funcionarios precisaron que no se ejercitó acción penal como lo solicitó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su denuncia del pasado 23 de enero, porque la transferencia que realizó la empresa Comercializadora 2003, por un millón de pesos a una cuenta de Ángel Aguirre Rivero, se realizó en momentos en los que no ocupa ningún cargo público: realizaba labores de proselitismo como candidato del PRD y el PAN a la gubernatura de la entidad.

Sin embargo, la investigación en curso definirá si a lo largo de su mandato obtuvo beneficios económicos a través de los contratos otorgados a las empresas Comercializadora 2003 SA de CV, Constructora Trabesa y Comercializadora Topacio involucradas en el desvío de más de 287 millones de pesos antes mencionados, y en los que se involucra a 13 integrantes de la familia Hughes, que en su mayoría fueron funcionarios en la administración de Aguirre Rivero.

De acuerdo con los registros de la denuncia formulada por la UIF, entre 2011 y 2014 Constructora Trabesa y Comercializadora 2003 enviaron recursos por 189 millones 207 mil 644 pesos a cuentas contratadas a nombre de diversos servidores públicos, entre ellos los integrantes de la familia Hughes, además de los hermanos, cuñada y sobrino de Aguirre Rivero.

En desglose de la acusación señala que la Comercializadora 2003 también transfirió 32 millones 295 mil 586 pesos a cuentas que tienen vínculos familiares con empleados públicos, de Víctor Ignacio Hughes Acosta, quien ocupó el cargo de subsecretario de administración de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Guerrero, durante el mandato de Ángel Heladio Aguirre.

En el documento también se explica que por medio de transferencias financieras directas o en el cobro de cheques, los registros indican otros movimientos por un monto de 65 millones 496 mil pesos. Con lo cual –sumados– se acumulan los más de 287 millones de pesos que fueron involucrados en operaciones ilícitas por amigos y familiares del ex gobernador de Guerrero.