Dallas.

El juez federal del Distrito Sur de Texas, Andrew Hanen, otorgó la suspensión temporal de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, con la que unos 4 millones de indocumentados serían regularizados, con el argumento de que los estados sufrirán un daño irreparable con su implementación. La Casa Blanca calificó de erróneo el fallo y anunció que apelará de la medida.

El gobierno de Estados Unidos tuvo que frenar su programa de suspensión de deportaciones en la víspera de su lanzamiento, programado para este miércoles.

Obama aseveró que la ley y la historia están de su lado en la disputa legal sobre su orden ejecutiva. Sostuvo que su gobierno acatará el fallo judicial, pero afirma que no excedió los límites de la autoridad al dictar la orden, por lo que previó que el caso se resolverá a su favor.

El gobierno informó que el Departamento de Justicia apelará la decisión del juez Hanen y presentará el recurso ante el quinto circuito de apelaciones con sede en Nueva Orleáns. El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo que se está revisando la sentencia del juez y confió en que el asunto sea resuelto por una corte superior. Debemos ver esto como lo que es: la decisión de un juez de un tribunal federal.

La mayor central sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO por sus siglas en inglés, confió en que el fallo del juez federal de Texas sea un contratiempo temporal.

En un dictamen de 123 páginas emitido la noche del pasado lunes, Hanen dijo que al menos una entidad (Texas) enfrenta el riesgo de sufrir un daño directo si entra en vigor la orden ejecutiva de Obama, lo que da a las entidades la legitimación necesaria para que se suspenda en forma temporal su implementación.

Una coalición de 26 entidades encabezadas por Texas interpuso el pasado 3 de diciembre una demanda contra el decreto presidencial de Obama, firmado en noviembre pasado, que pretende proteger de la deportación a unos 4 millones de indocumentados.

Sería imposible volver a poner al genio dentro de la botella, o devolver, escribió Hanen, para explicar que una vez aplicada la acción ejecutiva del presidente, sería prácticamente irreversible, en caso de que luego se determine su anticonstitucionalidad.

En la querella, las entidades argumentan que la directiva de inmigración que será establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) causará daño económico significativo a sus intereses fiscales.

Hanen estuvo de acuerdo en que al menos Texas se vería potencialmente agobiado al tener que emitir licencias de conducir a indocumentados cuya estadía en el país ha sido autorizada de manera temporal.

El juez destacó que muchos estados eventualmente soportan la carga de la inmigración ilegal, especialmente aquellos cuyos recursos se drenan por problemas graves del orden público y cuestiones de seguridad nacional.

El juez también concluyó que el DHS legisló una importante norma sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, porque las disposiciones de la acción ejecutiva no fueron sometidas a procedimiento de elaboración de normas de notificación y comentarios.

Hanen concluyó que si bien el DHS no está rescribiendo las leyes, sí las está creando desde cero.

Independientemente de lo que resulte de la apelación de la medida aprobada por Hanen, ésta afectó a decenas de miles de inmigrantes que a partir de este miércoles esperaban solicitar permisos de trabajo y órdenes para suspender las deportaciones.

En una breve declaración, el secretario del DHS, Jeh Johnson, afirmó que está muy en desacuerdo con el veredicto del juez Hanen de que el gobierno se excedió en sus facultades, pero, mientras tanto, reconocemos que debemos acatarlo.

En el Capitolio la agencia de Johnson está a diez días de quedarse sin recursos, pero el fallo de Hanen provocó que una solución negociada sobre la disputa presupuestal parezca más lejana que nunca. Los republicanos, que son mayoría en el Congreso, obstaculizan el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, a menos que los demócratas acepten cancelar las órdenes ejecutivas de Obama, y dijeron que la medida del juez valida su postura.

Johnson defendió la legalidad de las acciones anunciadas por el mandatario demócrata en noviembre pasado y añadió: “confiamos en que al final vamos a prevalecer en las cortes, y entonces estaremos preparados para implementar la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadunidense y Residentes Legales (DAPA) y ampliar la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés, que protege a los dreamers)”.

El funcionario precisó que el fallo no afecta a los jóvenes que ya son beneficiarios de la protección que brinda el programa DACA, implementado en 2012 y renovado el año pasado hasta 2017.

Consecuentemente, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no empezará a recibir solicitudes para la expansión del DACA a partir del 18 de febrero, como estaba previsto, y suspenderemos hasta nuevo aviso los planes para el DAPA, ifnormó Johnson en un comunicado.

La directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley y Migración, María Elena Hincapié, confió también en que la decisión de Hanen tendrá sólo un efecto temporal. Los gobiernos de El Salvador y Guatemala lamentaron el fallo mediante sus respectivas cancillerías.

Organizaciones pro inmigrantes convocaron a una marcha en Los Ángeles el próximo mes contra el fallo. Legisladores, líderes locales y organizaciones de esa ciudad californiana condenaron la decisión del tribunal federal en Texas.