La comunidad de bienes comunales de la selva Lacandona pidió al comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, intervenga ante el gobierno federal y de Chiapas para que se respeten sus derechos y territorio, ya que se les impidió participar en la entrega de los subsidios correspondientes al pago de derechos ambientales y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no ha establecido una mesa intersecretarial para resolver el conflicto por la posesión de la tierra.

Pedimos su intervención para que se restablezca el orden legal y garantice el ejercicio pleno de derechos de la población indígena, asentaron Emilio Bolom Gómez, presidente de bienes comunales y el comité ejecutivo nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, en el documento.

Bolom Gómez refirió que en diciembre de 2013, la Sedatu y el gobierno de Chiapas acordaron  delimitar y amojonar el territorio de la comunidad, la cual ha perdido más de 161 mil hectáreas por invasiones de tierra y está en riesgo de seguir perdiendo territorio por las presiones de mucha gente de agrupaciones que pretenden crear nuevos poblados en la región, dijo Emilio Bolom Gómez, presidente de bienes comunales.

Agregó que otros compromisos que no han cumplido las autoridades son: programa de desarrollo social para elevar el bienestar de las familias indígenas; aplicar un programa de recuperación de suelos, especies, desarrollo agropecuario, ambiental y ecoturístico; coadyuvar en la protección de Montes Azules, e impulsar un programa de empleo con desarrollo económico para agroindustrias y empresas de bienes y servicios para los jóvenes.

Estamos dispuestos a un diálogo y a la pacificación de la región. Pedimos respeto a nuestro territorio. Sabemos que ya no tenemos las poco más de 614 mil hectáreas que se entregaron por decreto presidencial, por eso queremos regularizar las 430 mil hectáreas que poseemos, proceso que ha tardado más de cuatro décadas, apuntó Bolom Gómez.