La Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca expresó su preocupación por el grave incremento de ataques contra las defensoras de esas garantías y de periodistas en ese estado, el cual, desde 2010, ocupa el primer lugar en número de ataques.

De acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos, el número de agresiones contra comunicadores ha ido en aumento en territorio oaxaqueño. En 2012 se reportaron 48, 122 en 2013 y 198 el año pasado.

Quienes han padecido más –planteó la red, integrada por 100 activistas– son las que defienden las garantías de las mujeres y quienes luchan en favor del derecho a la tierra.

Del total de ataques, 60 por ciento son casos de defensoras que provienen y trabajan en contextos comunitarios. En 45 por ciento de éstos, los autores fueron formalmente identificados como autoridades (policías, militares, autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias) y en 33 por ciento se desconoce quién es el agresor, expuso la red.

A quienes integramos la red nos preocupa sobremanera la vulnerabilidad en que se encuentran las activistas, pues en la mayoría de los ataques hemos identificado un componente de género. Documentamos en este sentido varios casos de difamación, basada en estereotipos de género, aludiendo las prácticas sexuales o vida íntima de la defensora, amenazas de violencia física y/o violación sexual contra las/os hijas/os de las defensoras, así como amenazas y ataques contra la familia de la activista.

La organización civil añadió que en la mitad de los casos de agresión reportados en años recientes en Oaxaca las defensoras, sus compañeros o sus organizaciones contaban con medidas de protección estatales, nacionales o internacionales. Apuntó que los funcionarios encargados de instrumentar esa vigilancia son quienes en muchas ocasiones agreden a las activistas. Por ello, la red demandó al gobierno de Oaxaca asumir con seriedad su obligación de proteger a las defensoras de las garantías fundamentales, que haga efectiva la implementación de medidas para garantizar el ejercicio de esos derechos y realizar investigaciones prontas y expeditas de todos los ataques.