n la propaganda oficial todo es sonrisas y miel: bienestar para todos, apertura y compromisos de transparencia, pero en las turbias cañerías de la política nacional se procede en riguroso sentido contrario. Todo ello embona perfectamente con la práctica gubernamental, pero destaca en el caso de la reforma energética y la cesión del petróleo nacional al capital privado.

Cuando en agosto de 2013 la presentó en sociedad, el inquilino de Los Pinos aseguró que uno de los ejes centrales (objetivo del Estado mexicano, según dijeron) de su reforma energética –en lo relativo al petróleo– era convertir a Pemex en un consorcio cristalino, libre de cualquier duda en su comportamiento, que rindiera cuentas nítidamente y que adoptara las mejores prácticas de transparencia respecto de las obras, las adquisiciones y los contratos de utilidad compartida con particulares.

Su iniciativa fue presentada al Congreso, aprobada por los legisladores levanta dedos y promulgada con todo el boato que la circunstancia ameritaba, siempre con la transparencia como música de fondo. En una segunda etapa (agosto de 2014) se palomeó y promulgó la ley reglamentaria de la reforma y el coro de la nitidez se escuchó a todo volumen y en cada uno de los cientos de discursos que, sobre el tema, se pronunciaron a partir de entonces.

Transparencia por aquí, allá y acullá fue el compromiso de los reformadores en materia energética. Pero, como siempre, uno es el dicho y otro muy distinto el hecho, independientemente de que el teatro de la abundancia se le desmorona al gobierno federal por la estrepitosa caída de los precios petroleros, desplome que ha desestimulado a los potenciales inversionistas privados, quienes junto con el gobierno federal son los menos interesados en que se haga público el contenido de contratos, concesiones y conexos a la hora del reparto del pastel de oro negro otrora nacional.

Y en este contexto resulta que “una de las propuestas de modificación a la Ley General de Transparencia que formuló el gobierno federal (al Senado de la República) va en el sentido de evitar que se haga pública la información relacionada con la reforma energética.De acuerdo con el escrito que PRI y PVEM presentaron ante las comisiones dictaminadoras –que incluye 82 cambios elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República– se propone eliminar la obligación de dar a conocer contratos, permisos, alianzas y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación de petróleo” (La Jornada, Andrea Becerril), o lo que es lo mismo exactamente lo contrario a lo cacareado en la propaganda oficial.

Un par de senadores advirtieron que es imprescindible que esa información sea pública, ya que los mexicanos tienen derecho a saber lo que ocurrirá con los hidrocarburos, luego de la reforma que permite el regreso de petroleras extranjeras al país y el riesgo de que las ganancias se las lleven las trasnacionales. El sector energético debe ser un ente obligado a abrir y proporcionar la información sobre su operación y actividad, ya que nada justifica que las operaciones y decisiones que se tomen durante el proceso de apertura y privatización sean omitidas de la ley de transparencia. La información que existe en materia de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo deber ser pública; también la relativa a los contratos que se firmen en este sector. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber los ingresos, costos, contribuciones, prestaciones, contraprestaciones que deriven del sector energético (ídem).

Obvio es que con la reforma energética (como con las otras) el proceder del gobierno federal y del Congreso no podían ser distintas, es decir, imposible que reivindicaran sus propuestas públicas de nitidez (sería contranatural), porque lo suyo –su mero mole, amén de regla fundamental del sistema político mexicano– es hacer las cosas en lo oscurito, en la opacidad, el chiquero y la chicana. No saben proceder de otra forma, y mucho menos dispuestos a hacerlo.

Aprobada la ley reglamentaria de la reforma energética, el secretario del ramo, Pedro Joaquín Coldwell, difundió la buena nueva: en materia energética, la legislación aprobada garantiza transparencia en el otorgamiento de contratos a empresas privadas, pues ni una sola institución del Estado mexicano va a otorgar contratos en solitario ni opacidad, ni mucho menos de manera disfuncional. Por el contrario, se refuerzan las medidas de transparencia en la asignación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

Sin embargo, pocos meses después el gobierno de Peña Nieto, al que pertenece Coldwell, hace la chicana y pretende modificar la Ley General de Transparencia para… (¡sorpresa!) evitar que se haga pública la información relacionada con la reforma energética, no obstante que el propio secretario de Energía, en nombre del inquilino de Los Pinos, aseguró que entre los principios rectores, el énfasis (es) en la transparencia y la rendición de cuentas, a lo largo de todo el proceso de adjudicación y administración de los contratos inherentes a las actividades extractivas de hidrocarburos.

No sólo eso. El propio gobierno peñanietista respondió así a los 10 cuestionamientos públicos que el cineasta Alfonso Cuarón le hiciera en abril de 2014): los mexicanos estamos ante una disyuntiva: o abrimos el sector energético a la participación y escrutinio de la sociedad con objeto de que se fortalezca en beneficio de todos, o nos condenamos a una inmovilidad monolítica, a un modelo burocrático y al endeudamiento como única vía para financiar al sector. La decisión del Constituyente Permanente fue optar por el cambio, basado en los principios de competencia, apertura, transparencia y responsabilidad fiscal.

Pero eso fue para el discurso y la propaganda, porque en los hechos resulta lo contrario, con lo que el estercolero de la cesión petrolera está garantizado. Y ante las noticias que llegan del Senado de la República, no queda duda de que Enrique Peña Nieto y sus neo científicos optaron por la segunda vía, es decir, condenan al país a la inmovilidad monolítica, el modelo burocrático y el endeudamiento como única vía para financiar al sector energético.

Las rebanadas del pastel

¿De quién es la frase por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles? A) ¿Del inquilino de Los Pinos?; B) ¿Del general Salvador Cienfuegos?; C) ¿De los que mandan en el país? Adivinó: la última opción es la correcta).

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