El gobierno mexicano reiteró su desacuerdo con la definición de desapariciones generalizadas en nuestro país incluido en el diagnóstico del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), emitido el viernes.

Admite, sin embargo, rezagos en cuanto a la homologación de la Ley General de Víctimas y el registro de personas no localizadas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dijo que 12 entidades no han acoplado sus normas para ese fin y admitió que está en proceso el registro de víctimas.

El gobierno federal asegura que el reporte del comité de Naciones Unidas no cuenta con elementos sustanciales o novedosos, fuera de los informes que entregó México los días el 2 y 3 de febrero pasados, en Ginebra, Suiza.

Las supuestas recomendaciones no aportan nada nuevo, ni elementos ni herramientas para hacer frente a la problemática; definitivamente no es un reporte pormenorizado o con datos novedosos, señaló un responsable gubernamental en la materia.

Las recomendaciones del comité, subrayó la fuente consultada, no se aceptan o se rechazan, sólo se da acuse de recibo.

Un caso distinto es ante los resultados del Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento en la materia de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas.

Lo que sí refutamos es el diagnóstico del comité en torno a que las desapariciones sean generalizadas, dijo.

De acuerdo con cifras oficiales, compiladas por la Procuraduría General de la República y difundidas por la Secretaría de Gobernación, hasta el 31 de octubre de 2014, 23 mil 689 personas persisten en la categoría de no localizadas, la gran mayoría con expediente en delitos del fuero común.

Aunque los procuradores se comprometieron a alimentar este banco de datos, el más reciente corte de información es del 31 de octubre de 2014.

En tanto, la CEAV aseguró que dará seguimiento y atenderá puntualmente las observaciones del CED hacia el Estado mexicano, con énfasis en el respeto a los derechos de las víctimas.

Si bien el organismo internacional reconoce la existencia de una Ley General de Víctimas en México, advierte acerca de la proliferación de las desapariciones y propone la creación de una fiscalía especializada en la materia.

El comisionado Julio Hernández Barros estuvo en la evaluación del comité de la ONU al Estado mexicano como representante de la comisión ejecutiva y responsable del Comité de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas.

En el encuentro realizado en Ginebra hizo hincapié en que 12 estados de la República todavía no homologan su legislación local respecto de lo que señala la Ley General de Víctimas, situación que afecta a las familias de los desaparecidos, en tanto acceso pleno a sus derechos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas seguirá atenta a los comentarios respecto del informe del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y acompañará las acciones del Estado mexicano para atender este grave problema, indicó.

La CEAV afirma que ya tiene listo un borrador de la pretendida ley en materia de desaparición forzada. Añadió que seguirá trabajando en la integración del Registro Nacional de Víctimas, para tener estadísticas confiables y desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de la desaparición, entre otros.