En México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional.

Así lo afirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que ayer dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluó en Ginebra, Suiza, su grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

La información recibida por el comite ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas, debido a la participación de servidores públicos en los hechos, subrayó el CED.

De igual manera, destacó que el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, agredidos y presuntamente asesinados hace más de cuatro meses, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas y búsqueda de las víctimas.

El comité saludó avances del Estado mexicano, entre ellos la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, la reforma constitucional en la materia de junio de 2011 y la adopción de la Ley General de Víctimas, pero también hizo un amplio listado de sus preocupaciones.

Entre ellas figura que México no ha reconocido todavía la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales, por lo que llamó enérgicamente al gobierno a hacerlo, como ordenan los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De igual manera, el organismo lamentó que en el país hay niveles de cumplimiento desiguales de las normas en contra de la desaparición forzada, y en ese sentido pidió a México que expida una ley general en la materia, en la cual se tomen en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El CED también manifestó su preocupación por la falta de información estadística precisa sobre el número de víctimas de desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo. Por ello, recomendó que el Estado cree un registro único a escala nacional.

Asimismo, indicó que algunas legislaciones no incluyen el delito de desaparición forzada o establecen penas disímiles, por lo que apremió a México a tipificarlo a escala federal y estatal de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas y fijar penas en función a su extrema gravedad.

En las observaciones finales también se destaca que hay numerosos casos de desaparición forzada contra migrantes, y por tanto convoca a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar estos casos.

Por otro lado, el CED lamentó la impunidad de los casos denunciados, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas tras recibir una denuncia y la reclasificación de los delitos. Por ello, pidió a México que realice indagatorias exahustivas e imparciales, castigue a los responsables con penas adecuadas y facilite la participación de los familiares de las víctimas.

Para tales efectos, consideró que la Procuraduría General de la República debe crear una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados y trabaje de manera coordinada con otras agencias, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por otra parte, el CED convocó a las autoridades nacionales a proteger a testigos y denunciantes para evitar que sean intimidados o atacados; investigar todos los casos de desaparición forzada cometidos durante la llamada guerra sucia y castigar a los responsables, y garantizar el derecho a la reparación integral del daño.

Por último, el Comité de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano que redoble sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la restitución de los restos a la familia de la víctima, así como crear un proceso para obtener una declaración de ausencia con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y la de sus seres queridos.