Las investigaciones por el presunto lavado de dinero de 287 millones de pesos en el que están implicados familiares y ex funcionarios del gabinete del gobernador con licencia de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, comenzaron en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que detectó varios depósitos bancarios inusitados y movimientos financieros irregulares en diversas cuentas a nombre de la Secretaría de Finanzas de esa entidad y del propio político guerrerense.

El pliego de consignación que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante un juez federal considera que aproximadamente 70 por ciento de los recursos entregados para la realización de obras públicas en Guerrero, cuando Aguirre Rivero era gobernador, fueron triangulados hacia las cuentas de varias empresas beneficiadas y posteriormente se depositaron en cuentas personales de los ahora inculpados, como si se tratara de pagos por servicios.

El expediente, integrado por ocho tomos, alude a más de 45 contratos entregados por dependencias federales y locales a las empresas que encabezan personas cercanas al ex gobernador, por montos que superaron los 500 millones de pesos, que les asignaron entre 2012 y 2014.

Las adjudicaciones se realizaron principalmente por conducto de las empresas Travesa, Comercializadora 2003 y Comercializadora Topacio, enfocadas al ramo de la construcción.

En el expediente de la PGR, al que tuvo acceso La Jornada, consta la querella que presentó la UIF el año pasado ante el Ministerio Público Federal, que contiene un dictamen pericial sobre movimientos bancarios irregulares o inusitados, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, de dinero público que ingresó a cuentas personales de Ángel Aguirre Rivero

En la averiguación previa PGR/UEIORPIFAM/19/2005 y en la causa penal 11/2015 del juzgado quinto de distrito de procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México, constan varios peritajes contables elaborados por autoridades de la Secretaría de Hacienda y por peritos de la PGR.

Uno de esos peritajes señala que se detectaron operaciones bancarias inusitadas en varias cuentas a nombre del gobierno del estado de Guerrero, “a las que tenían acceso directo el gobernador y su secretario de Finanzas, en un periodo de enero de 2012 a septiembre de 2014 (…) Movimientos que se ajustan a diversas hipótesis contenidas en el artículo 400 bis del Código Penal Federal”.

Con la información recabada por la UIF, la PGR inició su propia indagatoria. Ésta concluyó el pasado 3 de febrero y los fiscales solicitaron 17 órdenes de aprehensión al juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en Toluca.

Entre las personas a las que la PGR acusa de lavado de dinero destacan Mateo Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Rivero, hermanos del gobernador con licencia de Guerrero.

Sin embargo, aunque en la querella la UIF logró acreditar, mediante informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que hubo depósitos en efectivo de cuentas del gobierno del estado a las cuentas personales (del gobernador), las cuales no tenían relación con el salario que recibía mensualmente el ex mandatario, extrañamente la PGR no solicitó una orden de captura en su contra.

Hay clara complicidad: experto

Jesús Alberto Guerrero Rojas, especialista en derecho penal y administrativo, quien preside el Corporativo Jurídico Sanitario, dijo en entrevista con este diario que hay una clara complicidad del ex gobernador, a quien, todo parece indicar, el gobierno federal está cubriendo con un manto de impunidad, lo que es inmoral e inaceptable.

Agregó que con las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR hay material probatorio suficiente para fincar responsabilidades penales a Ángel Aguirre, amén de las sanciones administrativas que deriven por la violación a los artículos 45 y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Guerrero, que prohíben los actos de nepotismo.

De los nueve detenidos, siete pertenecen a la familia Hughes, empresarios de la construcción radicados en Acapulco, y dos son parientes de Aguirre.

Las detenciones más recientes ocurrieron el pasado miércoles, cuando fueron capturados los hermanos Víctor Ignacio y Henry Paul Hughes Alcocer, así como el hijo de este último, Víctor Felipe Hughes Acosta.

La familia Hughes está ligada a Ángel Aguirre desde que éste fue gobernador interino de 1996 a 1999. En 2011 aportaron recursos a su campaña en Acapulco.

La PGR tiene pendiente la captura de Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex gobernador. En tanto, la Policía Federal y la procuraduría buscan a otros siete implicados, que también tienen órdenes de aprehensión.