La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la ciudad de México admitió el 18 de noviembre pasado el trámite de pago de 25 millones de pesos por las expropiaciones de tierra del ejido Culhuacán, donde se construyeron dos estaciones de la línea 12 del Metro.

La Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos dio entrada al expediente 21-01/402/596, luego de que fue firmado por la jefatura de la unidad departamental de dictámenes de reversión y pago de indemnización, explicó Ernesto Fernández.

El representante de los 203 ejidatarios afectados lamentó que el funcionario (José Ramón Amieva Gálvez) mienta o no sepa del trámite, porque el encargado del área estaba de vacaciones, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aportó como pruebas las contestaciones de no existir antecedente de pago de dichas expropiaciones.

De esta manera, las tierras siguen siendo propiedad privada, ocupada ilegalmente por el Gobierno del Distrito Federal, y el amparo interpuesto que está en revisión dicta en los considerandos que es obligación del actual gobierno el pago correspondiente, indicó.

Además, argumentó, dicho documento fue sobreseído por el principio de definitividad, indicando que antes de acudir a un tribunal colegiado se debió acudir al Tribunal Agrario, dejando intactos los derechos ejidales a reclamar el pago.

El próximo viernes, los afectados por la negativa de las autoridades capitalinas a pagar la indemnización nos reuniremos con el presidente de la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jorge Gaviño, adelantó.

La intención, dijo, es buscar un punto de acuerdo para que se exhorte al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a regularizar la tenencia de la tierra pagando las expropiaciones del 3 de octubre de 1938 y 13 de agosto de 1965.

Mencionó que, de no conseguirlo, nos veremos en la necesidad de tomar nuestras tierras mediante el cierre o destrucción de las estaciones Culhuacán y Tomatlán, con los riesgos que ello implique, porque hemos sido víctimas de un fraude cometido en la administración de Marcelo Ebrard y toca a este gobierno responder positivamente.