ada vez es mayor la distancia entre las demandas de una parte de la sociedad, la más lastimada, la que tiene menos capacidad de influencia y entendimiento con las cúpulas, y el aparato de presunta representación política y de gobierno que, de manera adjunta, tiene la capacidad de usar la fuerza pública contra protestas, movilizaciones o actos de disidencia política y social.

Esas protestas, en cuanto desatendidas o insuficientemente atendidas, devienen a lo largo de todo el país en hechos que vistos en su singularidad, sin mayor contexto, contravienen la legalidad imperante. Es decir, constituyen delitos que en un contexto de normalidad institucional merecerían la acción represiva estatal. Las autoridades, los políticos o las instituciones, según el rango de análisis que se desee hacer, suelen alargar lo más posible las negociaciones (pues normalmente no tienen soluciones, sino palabrería y curso burocrático insatisfactorio) e incluso de una manera sostenida evitan el uso de la fuerza pública extrema ante esos actos de presión política y social.

Ese fenómeno de aparente debilidad de los gobernantes proviene del hecho incontrastable de que ellos mismos están en grave falta, ineficaces, metidos en negocios y favorecedores de facciones en lugar de servir al interés general. En estricto sentido, esos mismos políticos y gobernantes merecerían sanciones (si las leyes no hubieran sido redactadas para dejarlos intencionalmente a salvo de las acusaciones de corrupción o de inutilidad en el ejercicio público) tanto por sus incumplimientos generalizados como en particular por generar las causas que llevan a ciudadanos desesperados a manifestarse mediante actos violatorios de la legalidad, ya sean obstrucciones carreteras o plantones en vías urbanas.

Ayer, a la hora de cerrar esta columna, los gobiernos federal y capitalino advertían que actuarían contra profesores de Oaxaca que habían instalado un plantón en el Paseo de la Reforma. Horas antes, el secretario de la Defensa Nacional había dicho en un discurso que hay quienes pretenden distanciar al Ejército del pueblo. ¿Quién ha fabricado esos distanciamientos: la gente que exige el cumplimiento de promesas, el respeto a las leyes, el pago de sus haberes, el respeto a sus tierras o plazas o derechos, o los políticos que tan mal gobiernan y sólo para beneficio de unos cuantos, entre los que están ellos y sus familias?

Más que cansado, está desgastado. Y mucho. Política, social y jurídicamente incinerado. Ya le han visto actuar a plenitud, en diversas conferencias de prensa, entrevistas y declaraciones, quienes no conocían su historial de riguroso apego a las órdenes impartidas por el poderoso al que en el momento esté adscrito y de una retorcida capacidad de revestir de presuntas prendas de veracidad y legalidad las distintas versiones que en el curso de un asunto le sea necesario defender o atacar, según la instrucción recibida.

Ahora Jesús Murillo Karam ha sido alcanzado y tocado por un factor independiente que jamás pudo controlar (pues el origen, dinámica y misión de los peritos argentinos está fuera del dispensario manipulable que utilizó el gobierno mexicano en este asunto fundamental para su sostenimiento). Y así como antes pretendía darse un barniz de legitimidad al mencionar la participación de esos especialistas convocados por los familiares de los 43, e incluso les rendía tramposa y mendaz reconocimiento por lo que habían aportado en las investigaciones oficiales, ayer intentó descalificarlos con dinosáurica argumentación extremadamente autoritaria.

Amenazante, tachó de inaceptable el que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense siembren dudas, los acusó de realizar especulaciones y comentarios lejanos y sentenció tajantemente que todo el armado de la versión oficial mexicana es la puritita verdad. En la sublimación del talante de intolerancia y autosuficiencia mostrado por el ex gobernador hidalguense, dictaminó ya sin resquicio alguno a la fundada denuncia de irregularidades muy sugerentes que esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna. Amén.

Otros miembros de la clase política mexicana tampoco quieren aceptar dudas. Este miércoles será publicado en The New York Times la siguiente entrega del reportaje sobre flujos de dinero oscuro del extranjero para compra de inmuebles de lujo en Estados Unidos. El título de este episodio se refiere a los intermediarios que sirven al poder mexicano y como referente gráfico se ha manejado invariablemente una viñeta del ex gobernador de Oaxaca, José Murat, quien ya hizo saber que no tiene más que dos propiedades, desde varios años atrás, en Utah, pero no más. Sin embargo, la investigación del diario neoyorquino ha mencionado en sus primeras entregas el papel de las empresas fantasmas y de las maniobras de triangulación.

Por otra parte, más de un millar de mexicanos aparecieron en las listas del banco HSBC en Suiza, luego que investigaciones periodísticas encontraron que en ese país de larga tradición en el buen trato de capitales foráneos se practicaban formas de elusión del pago de impuestos y de ocultamiento de fortunas. De esos mexicanos concurrentes al paraíso suizo, varios de los cuales han expresado que sus datos son incidentales o por causas menores, destacan los casos de Carlos Hank Rhon, dueño de una inmensa riqueza que fue acumulada mediante la clásica conversión de los dineros públicos en beneficios privados, con un estilo inocultable que luego ha sido divisa de presentación de gran cantidad de políticos. Otros mexicanos mencionados en la investigación son Jaime Camil (padre del actor de telenovelas), un intermediario de compras gubernamentales de alto nivel que ha estado en la mira judicial por la presunción de actos dañinos al erario federal, y el propio Luis Téllez, quien ha ocupado tantos cargos relacionados con el manejo de dineros públicos y privados que resultaría poco profesional el que hubiera cometido errores o tenido olvidos en el manejo de cuentas bancarias personales o familiares. ¡Hasta mañana!

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