Guadalajara, Jal.

Por segunda ocasión y horas después de ser dejado en libertad, Luis Octavio Pérez Pozos, ex secretario general del Congreso local, fue detenido y esposado por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante los reporteros a los que convocó a rueda de prensa.

Previamente, el juzgado quinto penal otorgó la orden de arresto por enriquecimiento ilícito y no por el intento de fraude por más de 50 millones de pesos que la consultora López Castro pretendió cometer contra la pasada Legislatura estatal.

Pérez Pozos fue secretario general de la 58 Legislatura cuando se contrató a la consultora para un supuesto servicio de asesoría que permitiría al Congreso obtener una millonaria devolución de impuestos. Pese a que no existe registro de la recuperación de dinero, la empresa obtuvo una orden legal para cobrar honorarios por 58 millones de pesos.

Sin embargo, en noviembre pasado el despacho se desistió del cobro y dio por concluida la demanda, que debía pagar la actual 60 Legislatura, pero el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que se investigaría a fondo el intento de fraude.

El sábado pasado Pérez Pozos y el accionista principal del despacho López Castro, Rafael López Martínez, fueron aprehendidos. El primero salió libre el domingo porque al parecer no se integró en forma correcta el expediente, mientras López Martínez permanece detenido por un presunto fraude de 20 millones de pesos.

Antes de ser esposado y subido a una camioneta pick-up negra sin logotipos oficiales, Pérez Pozos acusó al gobernador Sandoval de estar detrás de su detención. Dijo ser chivo expiatorio y que los verdaderos responsables del intento de fraude, diputados y ex diputados, estuvieron en primera fila como invitados de honor en el segundo informe de gobierno de Sandoval, el domingo.

El titular de la FGE, Luis Carlos Nájera, dijo que el domingo Pérez Pozos fue dejado en libertad por un tecnicismo legal, pues faltaron unos sellos en varias copias, lo cual fue subsanado el domingo para que el juez otorgara la nueva orden de aprehensión por el delito grave de enriquecimiento ilícito.

Según Nájera, al revisar las declaraciones patrimoniales del ex funcionario del Congreso se encontró una discrepancia por más de 600 mil pesos obtenidos de dinero de los jaliscienses.