Amparada en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que entró en vigor en 2005 y establece la posibilidad de que personas afectadas por actos irregulares de servidores públicos sean indemnizadas por la vía administrativa, Sandra Ávila Beltrán, quien pasó siete años presa, analiza la posibilidad de presentar una demanda de reparación de daño patrimonial y moral.

De acuerdo con fuentes jurídicas ligadas al caso, la llamada Reina del Pacífico solicitó a sus abogados realizar un estudio sobre las posibilidades jurídicas que tiene para demandar por la vía administrativa al Estado mexicano, en lo que representaría un litigio similar al que emprendieron las indígenas queretanas Alberta, Teresa y Jacinta, quienes ya consiguieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa las indemnice contra acciones irregulares de la Procuraduría General de la República (PGR).

Se declaró culpable

La demanda de reparación patrimonial del Estado no estaría enfocada en la violación a la presunción de inocencia de la mujer –puesto que en Estados Unidos, ante un juez de ese país, Ávila admitió ser culpable de un caso de tráfico de drogas–: el argumento central sería que la PGR ya sabía que había sido sentenciada en territorio estadunidense, y aun así optó por aplicar un segundo juicio por los mismos hechos.

Esa situación se conoce en derecho penal como violación al principio jurídico non bis in idem y la afectación al mismo en perjuicio de persona alguna implica la violación a sus derechos humanos.

Sandra Ávila abandonó el Centro Federal de Readaptación Social ubicado en Nayarit la noche del pasado sábado, luego de que horas antes un tribunal unitario del tercer circuito ordenó su liberación por considerar que la PGR infringió en perjuicio de la mujer el principio mencionado.